Le prohíben operar a Remax, pero la empresa denuncia persecución

La Inspección General de Justicia (IGJ) inició en las últimas un proceso judicial que contempla la acción de disolución y liquidación de la firma Re/Max, argumentando que es ilícita la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia. Desde la empresa, que tiene presencia en la Argentina desde 2004, ya adelantaron que van a apelar la resolución.

Desde la firma que opera en el país desde 2004 denuncian “persecución” por parte del colegio de martilleros porteño y ponen de relieve que la firma opera desde hace 15 años en Argentina y que da trabajo a más de 500 martilleros y 5.000 familias en todo el país. Y adelantaron que van a apelar la resolución.

Tras una investigación que se inició a partir de una denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), la IGJ, organismo que regula y controla a las sociedades comerciales, resolvió la disolución de la firma mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen.

El organismo considera que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias y subfranquicias. El organismo interpreta que una franquicia internacional de primer grado otorgó el permiso para operar en nuestro país a Remax Argentina y que luego esa franquicia se subfranquició a una red de agentes o corredores inmobiliarios.

“Es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias. Pero para ejercer la actividad inmobiliaria tiene que ser una persona humana con la correspondiente habilitación profesional. Nadie puede transmitir un derecho que no tiene. La marca genera la confianza de que detrás de cada operación está Remax y no es así. Detrás de cada operación debería estar un corredor pero se induce a pensar que hay una persona jurídica. Vimos que la denuncia tenía asidero y viabilidad”, explicó a Infobae Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia.

Sin embargo, desde la empresa, aclararon que Remax Argentina contrata a inmobiliarias y corredores inmobiliarios a los que les presta servicios. “Las oficinas no son de su propiedad ni de su gestión. En cada una hay una persona matriculada que tiene un contrato de licencia para usar la marca, pero las operaciones las cierran los corredores”, explicó Santiago Monti, abogado de la compañía.

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“La resolución de la IGJ, de público conocimiento, impulsada por una denuncia del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires es otro claro ejemplo de la animosidad con la que incesantemente intentan perjudicar a una red inmobiliaria en la que confían 60.000 argentinos para vender y comprar sus propiedades. La resolución en cuestión está basada en información imprecisa sobre el funcionamiento de la sociedad, y es por eso que será apelada correspondientemente para defender sus derechos y desestimar dicha acción judicial. Re/Max seguirá trabajando, como hace 15 años, con la intención de traer modernidad al mercado y el mejor servicio al cliente. Este cuerpo colegiado está utilizando ésta y otras instituciones estatales para impedir el crecimiento de una red de inmobiliarias de gran éxito en todo el país en un claro acto antidemocrático, explicó la compañía mediante un comunicado.