Viven en la isla Martín García hace más de 30 años y afirman que los quieren desalojar

Queda a 85 kilómetros -o bien 52 millas náuticas- pero es un departamento de La Plata. La isla Martín García, ese un paraíso natural rodeado de agua y habitado por 123 familias, se convirtió la semana pasada en el foco de una polémica y una fuerte tensión vecinal. Fue luego de que tres isleños denunciaran a la Dirección Provincial de Islas de desalojarlos y acudieran a dar pelea a la Justicia.

Se trata de tres figuras que llevan habitando la reserva natural y patrimonio histórico entre 32 y 40 30 años. Fernando Sánchez, dueño de la legendaria panadería “Rocío”, que provee de pan de horno de leña a los isleños; Rosana Paoletta, esposa de Sánchez y exdirectora de la escuela de la isla, la primaria Nº39; y el exjefe de Departamento, Alcídes Galarza, también jubilado de su función.

Los tres isleños recibieron por parte de las autoridades provinciales una carta documento en la que se les comunica que, teniendo vencidos sus convenios de uso y explotación de las viviendas y comercios que ocupaban, éstos no serán renovados, por lo que deben desalojar los inmuebles.

Incluso, los dueños de la panadería afirman que en los últimos días les cortaron la luz y les impiden embarcar la harina y trasladar la leña para poner el negocio en funcionamiento. “No sabemos por qué adoptaron esta medida después de que construimos nuestra vida en la isla, yo como directora de la escuela y mi marido en la panadería. Mis hijos fueron a la escuela en la isla”, se lamenta en diálogo con EL DÍA Rosana Paoletta.

Paoletta y Sánchez muestran las cartas documentos enviadas por el gobierno de la Provincia, que expresa que estando “ampliamente vencidos los convenios para el uso de la vivienda y explotación de la panadería, la Dirección Provincial de Islas no tiene interés ni intención de renovar o prorrogar el mismo”.

“Es un destrato”, afirma Paoletta, quien se jubiló de su cargo en la escuela un mes antes de recibir la carta. “El convenio está vencido porque en 2019, cuando asumió esta gestión, nos dijeron que esperemos, que querían regularizar cuestiones de la administración, pero nosotros nunca dejamos de pagar y tenemos todos los comprobantes para demostrarlo”.

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Como reserva natural, todas las propiedades de la isla Martín García pertenecen a la Provincia. Las 123 familias que viven en el lugar utilizan los inmuebles mediando un convenio de uso y explotación con la Provincia, a cambio de un canon o contraprestación.

Además de la panadería de Sánchez, que lleva el nombre de su hija, “Rocío”, hay en la isla otros seis comercios que hasta ahora no acusaron recibo de una situación similar. “Por eso no entendemos por qué nunca nos llamaron a dialogar, presentamos 15 testigos de nuestra vida y trabajo allí”, relató la docente, quien confirmó la presentación de un pedido de una medida cautelar luego de que les cortaran los servicios.

A cargo de esa presentación están los abogados platenses José Luis Améndola y Mariel Mazzocchini, quien dijo a este medio que “ellos no adeudan ningún canon. Si fuera así lo diría la carta documento, que no expresa por qué no les renuevan el convenio para que continúen trabajando. Llevan toda una vida allí, tienen un arraigo”.

LA EXPLICACIÓN DE LA PROVINCIA

En diálogo con EL DIA, el director provincial de Islas, Eugenio Liggesmeyer, negó categóricamente que su área busque “desalojar” a nadie. “Estas personas son propietarios de viviendas fuera de la isla, no los estamos dejando sin casa”, dijo. Y explicó que la medida se debe al inicio de “una etapa de normalización de ciertas cuestiones que venían irregulares desde gestiones anteriores”.

Sobre el caso de la panadería “Rocío”, el funcionario afirmó que el comercio tiene el convenio vencido desde 2006 y no paga desde entonces”. Y que desde el inicio de esta gestión, en 2019, hemos abierto etapas de diálogo pero sólo hubo evasivas y negativas”.

El argumento provincial fue rotundamente negado por la Mazzocchini, quien afirmó que en su presentación judicial adjuntó “todos los comprobantes de pago hasta 2019” y que solicitó a la justicia una orden de no innovar, ante una medida que calificó como ´manu militari´ por parte del Ejecutivo, “al cortarle a estas personas la energía eléctrica y no permitirles trabajar sin que esté resuelta la cuestión de fondo”.

Por otra parte, pero en el mismo sentido, esta disputa jurídica que cursa en el juzgado Civil y Comercial Nº4 de La Plata, va acompañada con la presentada por el exjefe de Departamento de la Isla Alcides Galarza, jubilado de su función en 2016.

Con 73 años, Galarza afirma que lleva viviendo en la la Martín García 50 años y seis meses. “Nunca me imaginé que iba a ser expulsado de la isla”, dijo en diálogo con este diario. “Estoy jubilado, entiendo que puedan querer la casa, pero, en ese caso, pude irme a la casa de mi hijo, que también vive acá. Pero en una reunión me dijeron que no, que tengo que abandonar la isla, donde está mi vida”.

Consultado al respecto, el director provincial de Islas afirmó que Galarza, además de tener vencido su convenio y de que el Estado requiera su vivienda porque no está cumpliendo funciones, tiene “denuncias penales por maltrato e hostiga a los vecinos del lugar, que le tienen miedo”.