Una cobertura de vacantes en la Justicia que impacta sobre el poder del Procurador

El Consejo de la Magistratura acaba de convocar a un concurso público para la cobertura de los cargos de Defensor y Subdefensor General de la Provincia. Se trata de dos cargos que están vacantes producto de que, luego de un largo litigio que terminó en la Suprema Corte, la ley que los creó en 2013 nunca se había puesto en marcha.

Ese trámite formal de inscripción culminará el 12 de marzo y aparece rodeado de diversas especulaciones políticas que tendrían que ver, en parte, con la embestida del gobierno bonaerense para forzar la salida del Procurador General, Julio Conte Grand.

La ley 14.442 fue sancionada durante el gobierno de Daniel Scioli. Y estableció la creación de la Defensoría General, con amplias atribuciones y autonomía. Hasta ese momento, la Procuración -aún lo hace-, concentraba el accionar de fiscales y defensores a la vez, lo que era cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos que fueron impulsoras de la reforma.

El proyecto entonces levantó una fuerte polémica. De hecho, la Procuradora de entonces, María del Carmen Falbo, inició una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, porque consideraba que se estaban recortando atribuciones a la Procuración.

Argumentó en aquel planteo que la ley que dotaba a la Defensa Pública de autonomía implicaba otorgarle al Defensoría General atribuciones que le corresponden a la Procuración.

De hecho, se estableció que el Ministerio Público de la Defensa “tiene potestades y atribuciones de definir políticas de la defensa pública, y dictar instrucciones generales y particulares con autonomía funcional. Ejercerá las acciones disciplinarias sobre sus miembros y dispondrá del personal afectado al mismo”. También se dispuso que podrá “administrar y disponer los fondos de la cuenta especial del Ministerio Público de la Defensa, distribuyendo en forma equitativa la partida asignada”. Es decir, definir el destino de sus propios recursos con independencia del Procurador.

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Pero el máximo tribunal bonaerense rechazó el planteo de Falbo por unanimidad y ratificó la vigencia de la ley . También Conte Grand fue a la Corte y su planteo fue rechazado y ahora, trascendió, hay una apelación ante la Corte Nacional.

En las últimas horas se conoció que el Consejo de la Magistratura resolvió avanzar con la aplicación plena de la ley que, cabe acotar, fue pedida por la propia Corte en su sentencia vinculada al planteo de Falbo.

El trámite de cobertura de los cargos arrancó y se produce en medio de la embestida del gobierno de Axel Kicillof para forzar el desplazamiento de Conte Grand.

El oficialismo viene reclamando la salida por considerar que fue funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, quien lo terminó promoviendo. De hecho, en la última negociación por el Presupuesto 2021, el propio Kicillof le pidió a Vidal que accediera a generar esa salida. Pero la ex gobernadora se negó.

En medio de ese tironeo aparece la decisión oficial de cumplir con una normativa que terminará recortándole el poder a Conte Grand que sólo conservará su influencia sobre los fiscales.