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El Presidente anunció un nuevo paquete de reforma judicial en línea con las aspiraciones de Cristina. Dio pocas definiciones económicas y no explicó qué pasó con el vacunatorio VIP. Clima beligerante oficialismo-oposición
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
El presidente Alberto Fernández abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso con duras críticas a la Justicia y el anuncio de proyectos para limitar las competencias de la Corte Suprema, en línea con la postura de Cristina Kirchner. Ante la Asamblea Legislativa, el mandatario también cuestionó a su antecesor Mauricio Macri y anticipó que el Gobierno hará una “querella criminal” por la toma de deuda externa durante su gestión.
En un discurso de una hora y media ante un recinto raleado por el distanciamiento social que impone la pandemia –sólo hubo 90 legisladores presentes y el resto de los diputados y senadores se conectaron en forma remota, al igual que los gobernadores y los miembros de la Corte Suprema-, Alberto Fernández dio pocas definiciones económicas –habló de la inflación pero no de cómo combatirla-; no ofreció explicaciones sobre el escándalo del vacunatorio VIP y prefirió concentrarse en las críticas a la oposición de Juntos por el Cambio.
“Desde el primer momento enfrentamos críticas. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos”, advirtió el Presidente con Cristina sentado a su izquierda y Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, a su derecha. Los legisladores de JxC aseguraron más tarde, en una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos contiguo al recinto, que al mandatario “no le gustó la última marcha” que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país.
El clima beligerante entre el Frente de Todos, la coalición gubernamental, y los legisladores de JxC se plasmó en los gritos del diputado Fernando Iglesias (PRO-CABA), quien en pleno recinto reprochó a Cristina Kirchner que no estaba usando barbijo. “Cumpla la ley, úselo”, reclamó el legislador ante la mirada indiferente de la Vice. A su vez Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires) invocó a Lázaro Báez cada vez que el Presidente hablaba de la “transparencia” en la gestión estatal.
Desde el estrado de la presidencia de la Cámara baja, donde se realiza históricamente la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández replicó directamente a Iglesias: “Tuvo cuatro años para hablar y no dijo nada. ¿Por qué no me deja ahora hablar a mí?”, preguntó sin esperar respuesta alguna. Otra diputada opositora, Mónica Frade (Coalición Cívica-Buenos Aires) colocó sobre su banca una careta con el rostro del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, portando un gorro presidiario.
Más allá de los chisporroteos políticos, el discurso presidencial alcanzó su momento más tensionante cuando aseguró que “el Poder Judicial de la Nación está en crisis” y “parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, ya que “sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”. Fue el inicio de una amplia parrafada sobre proyectos para reformar distintas instancias de la Justicia.
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La reglamentación del “recurso extraordinario” por el cual se puede ir en queja a la Corte Suprema de Justicia y la creación de un Tribunal Federal de Garantías con competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad, formaron parte de los anuncios del Presidente, que significarían un recorte a las atribuciones del máximo tribunal. Los jueces supremos escucharon el discurso desde la Sala de Acuerdos de la Corte, en el Palacio de Tribunales, conectados a través de un zoom.
El mandatario buscó aclarar que sus “críticas al Poder Judicial no cargan rencor ni voluntad de favorecer a alguien”, aunque la Vice asintió ese pasaje del discurso porque coincidió en todo con las propuestas del Instituto Patria. Fernández también cuestionó al fiscal federal Carlos Stornelli y a los medios de comunicación. Esto es, reivindicó la teoría del Lawfare, tal como esperaba Cristina. “La reforma del Poder Judicial es una demanda impostergable de la sociedad”, justificó Alberto.
“Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que sí tributan millones de trabajadores. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos, más allá del tope de edad que la Constitución impone”, enumeró el Presidente los motivos de sus críticas al Poder Judicial.
En ese marco, le pidió al Congreso que “asuma el rol de control cruzado sobre el Poder Judicial, como lo prevé la Constitución”, con lo cual se estima que se habilitará el funcionamiento de una Comisión Bicameral Investigadora. “Alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo con la administración de justicia”, se quejó el Presidente.
En otro pasaje de su discurso, el más aplaudido por el oficialismo en el recinto y por los funcionarios del Gabinete que ocuparon los palcos del primer piso, Alberto Fernández sostuvo que ordenó iniciar una “querella criminal” contra los responsables de la toma de deuda externa durante la gestión de Macri. Según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales, la denuncia será presentada por el Banco Central y otros organismos estatales como la Procuración del Tesoro.
Una vez concluido el discurso, los referentes de Juntos por el Cambio –Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO) entre ellos, calificaron esa decisión como un “autoboicot” del Gobierno a las negociaciones que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional.
En el terreno económico, Alberto Fernández mencionó la palabra inflación pero no explicó cómo piensa combatirla su administración. Además, pidió al Congreso que “apure el tratamiento” del proyecto de Sergio Massa para subir el piso del Impuesto a las Ganancias y prometió otra iniciativa para beneficiar a 350.000 monotributistas. También anticipó que su administración buscará “desdolarizar las tarifas” mediante la declaración de “emergencia de los servicios públicos”.
En el Salón de los Pasos Perdidos desfilaron los diputados y senadores ansiosos de dar su parecer ante la prensa. Allí, advirtieron que Alberto Fernández no dijo una palabra sobre los atropellos que se registran en Formosa y que planteó la “solidaridad continental” pero olvidó mencionar el caso de Venezuela. “La idea ya todos la conocen: es borrar el pasado”, advirtieron a coro los opositores.
Sobre el vacunatorio VIP, el Presidente pareció adherir al lema “la mejor defensa es un buen ataque” y afirmó que recibió “críticas maliciosas que representan a intereses inconfesables de sectores económicos concentrados”. Incluso, sin mencionar la forzada salida de Ginés González García del Gabinete, le pidió a la oposición que “haga autocrítica y ayude a levantar los cimientos del país que han derrumbado”.
“El Poder Judicial parece vivir en las márgenes del sistema republicano”
Sostuvo que ordenó iniciar una “querella criminal” contra los responsables de la toma de deuda
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