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Tal como ocurre todos los fines de mes, los jubilados se vieron obligados estos días a enfrentar dificultades, demoras e inclemencias para poder cobrar sus haberes -en esta oportunidad también el medio aguinaldo- y hacerlo ante sucursales bancarias literalmente colapsadas por la cantidad de personas que aspiraba a llegar a las ventanillas y, también, frente a cajeros automáticos desbordados por la gente que buscaba concretar sus extracciones de dinero.
El problema se plantea desde hace algunas décadas, pero se volvió ciertamente crítico a partir de la llegada de la pandemia, en marzo de 2020. Tal como se informó ayer en este diario, las distintas sucursales se vieron abarrotadas de adultos mayores, aunque en la mayoría de los casos debieron compartir espacios con quienes tenían turnos para realizar otros tipos de operaciones.
Ciertamente, daría la impresión de que si las autoridades bancarias quisieran volver más complejo el trámite del pago a los jubilados les costaría mucho encontrar la fórmula. Durante la pandemia, mientras arreciaban las resoluciones gubernamentales de restricción a los movimientos -marcándose en forma meticulosa los diversos protocolos que debían respetarse- esa meticulosidad no existió para los jubilados, que debieron aglomerarse cada treinta días y permanecer varias horas en los bancos para poder cobrar sus haberes.
El panorama se volvió más conflictivo, a lo largo de los doce meses del año, cuando se paga el medio aguinaldo y muchas personas deben afrontar obligaciones propias de las fiestas o de la llegada de los recesos de invierno. Pero la situación se torna dramática cuando se suceden, como ocurre en esta época, jornadas inclementes, ya sea por la ola de frío o por el intenso calor en el verano.
Es curioso que, frente a esas circunstancias climáticas que, en ocasiones, resultan ser excepcionales y exigirían por parte de las autoridades la toma de algunas medidas preventivas, los bancos, en cambio, se muestran absolutamente indiferentes y ajenos a los riesgos que le hacen correr a miles de jubilados. Sea en enero, en julio o en los demás meses del año, los adultos mayores enfrentan indefensos cualquier tipo de circunstancia y, entre muchas otras, ahora las de los temidos contagios. El llamado distanciamiento social no rige para jubilados a la hora de ir a los bancos.
Se ha dicho en forma insistente aquí que el sistema de cajeros automáticos fue previsto por la Provincia como una alternativa para darle mayor agilidad al sistema bancario. Sin embargo, siguieron existiendo falencias tanto en ellos como en los pagos por ventanillas, traduciéndose todo en demoras y en múltiples perjuicios para los clientes, que deben enfrentar, en muchas oportunidades, verdaderas odiseas para hacerse de su dinero.
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En los dieciséis meses que van de la pandemia, el justificado reclamo de las personas mayores no se agota en las dificultadas y molestias que implica poder cobrar sus haberes previsionales. Ahora, también, el Estado es responsable directo de que ese sector de la población, que integra los grupos de riesgo, no se vea obligado forzosamente a ponerse en riesgo, tan sólo para poder acceder a un dinero que le pertenece. No le faltan recursos a la administración, para imaginar otras alternativas que no impliquen poner en peligro a la salud pública. Sin embargo, las autoridades siguen sin resolver ninguna medida en este caso.
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