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Verónica Dalto
Columnista de la agencia EFE
La incertidumbre crece en el tiempo de descuento para que Argentina cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar una deuda de más de 40.000 millones de dólares, en medio de las diferencias sobre el sendero fiscal del país y por la falta de pleno apoyo de la comunidad internacional.
El riesgo país empezó a mostrar una mayor probabilidad de un no acuerdo de Argentina con el organismo multilateral antes del pago que debe hacerle el 22 de marzo próximo, al acercarse a los 1.900 puntos básicos.
“La negociación es muy dura”, dijo el socio de Delphos Investment, Leonardo Chialva, porque “Argentina está tratando de que no le impongan todas las condiciones”.
Argentina negocia contrarreloj con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar las deudas contraídas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018 entre el organismo y el entonces Gobierno de Mauricio Macri, que a diciembre pasado ascendían a 40.952 millones de dólares.
Según ese acuerdo, Argentina debería pagar al organismo, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, unos vencimientos que el Gobierno de Alberto Fernández ya ha dicho que el país, que atraviesa desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.
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Los compromisos más voluminosos de este año empiezan en marzo, cuando Argentina debería pagar 2.838 millones de dólares, pero al no contar con acceso a los mercados de deuda, se quedaría sin reservas netas.
“El propósito del gobierno es lograr un acuerdo técnico digerible por el FMI y la política argentina. Si se entrega todo a los técnicos del FMI, los políticos no lo van a aceptar porque pierden la elección”, describió Chialva, de cara a las presidenciales en 2023.
En el plano técnico, se observa la baja propensión del FMI de aceptar un programa económico laxo, mientras que el Gobierno del peronista Fernández ha insistido en que busca cerrar un acuerdo que no implique un ajuste fiscal que atente contra la reactivación económica.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha mostrado que Argentina pretende llegar al equilibrio fiscal primario en 2027 en vez de hacerlo en dos o tres años y el Banco Central ha elevado las tasas de interés de referencia y la tasa de devaluación, pero no en forma contundente.
En el plano geopolítico, Argentina ha admitido tener dificultad para persuadir a los directores de varios países con elevado peso en el directorio del organismo para conseguir los votos necesarios para aprobar el acuerdo.
En ese sentido, la posición de EEUU es clave, pero la postura del Tesoro ha sido cuestionar los criterios técnicos de Argentina. El canciller, Santiago Cafiero, viajó para transmitir al secretario de Estado, Antony Blinken, que “es necesario un mensaje de la autoridad política al Tesoro” para contar con el apoyo, pero el funcionario estadounidense alentó a presentar un “marco de política económica sólido”.
En tanto, Argentina mantiene diferencias respecto de la política de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Otra dificultad es la política interna, ya que un sector de la coalición gobernante se ha mostrado renuente a alcanzar un acuerdo.
Con todo, el país hasta ahora pagó al FMI todos los vencimientos de capital e intereses correspondientes al préstamo de 2018, lo que representa voluntad de llegar a un nuevo acuerdo.
Si Argentina incurriera en un incumplimiento en marzo, el país entraría en un “atraso” con el FMI, por el cual no tiene permitido el uso de recursos del organismo o elevar pedidos al directorio hasta que los atrasos estén resueltos.
Para el director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Graviña, el FMI puede encontrar algún mecanismo para evitar esos atrasos, pero “las partes tienen que tener buena voluntad” y “tiene que estar cerca el acuerdo”, por lo que previó que Argentina “evita el default” con el Fondo después de marzo y avanza a “una estanflación administrada”.
Si no hay acuerdo, eso implicaría el cierre del acceso al financiamiento de organismos financieros internacionales y comprometería los desembolsos ya pactados, el Club de París cargaría intereses punitorios y el sector privado perdería cartas de crédito de exportación, acceso preferencial a mercados internacionales e inversiones extranjeras directas.
Además, se desacelerarían las exportaciones, habría más riesgo país, devaluación de la moneda, inflación del 85 % y recesión, según Equilibra.
Para el FMI y los países miembros también habría un impacto si Argentina incurre en atrasos, según dijo Sigaut Graviña, porque “tendrían que recapitalizar al FMI” y “admitir un fracaso” porque tres años después de otorgar el préstamo más grande de la historia del Fondo el país entra en default.
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