Inflación e incertidumbre política tras el acuerdo con el FMI

A pesar de la fractura en el oficialismo con los sectores ultra K, el presidente Alberto Fernández logró la aprobación del Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este viernes el directorio del organismo internacional tratará el caso argentino en Washington y también se da por descontado que la votación será favorable. La semana siguiente se haría el primer desembolso del crédito, con lo cual se cancelará el vencimiento de marzo con el FMI y sobrarían unos U$S 4.400 millones que irían a reforzar las reservas del Banco Central.

Este es el cronograma de eventos que finalmente evitarán que la Argentina entre en default. Este acuerdo, sin embargo, nació con escasa credibilidad, involucrando a las dos partes firmantes del nuevo crédito, el FMI y el gobierno argentino, y sin generar expectativas favorables hacia el futuro. El capítulo del default, de esta manera, queda prácticamente cerrado, pero no el escenario político y económico que se inicia ahora, marcado por el conflicto interno en el frente oficialista y la incertidumbre que persiste en la actividad económica.

Interrogantes

¿Habrá una recomposición en el oficialismo o la fractura entre el Presidente y Cristina Kirchner será definitiva? ¿Cuánto afectará esta lucha en la actividad económica? ¿Cuánto crecerá la economía en 2022? ¿Cuánto más inflación y pobreza habrá este año? ¿Cuánto perderán los asalariados y cuál será el nivel de desempleo? ¿Qué ocurrirá con las tarifas, el precio del gas, los combustibles y la electricidad?

Como se ha señalado en contadas oportunidades, el acuerdo con el FMI evitó el default del país, pero los problemas económicos continúan, igual que antes. La historia de las dificultades no termina allí, y como si esto no fuera suficiente, se sumaron otros interrogantes: el plan financiero acordado con el FMI originó desconfianzas. Aún no entró en vigencia y ya existen informaciones de bancos de inversión de Wall Street que prevén que las metas serán revisadas y habría un pedido de “waiver” (exención) del gobierno argentino antes de finalizar 2022.

En estos centros financieros internacionales se sospecha de otro acuerdo, no revelado, por el cual el staff del FMI y el equipo económico argentino revisarían el programa de metas a la luz de lo ocurrido con la guerra de Ucrania. El plan habría sido acordado y establecido en un memorándum de entendimiento, aunque las partes sabían que quedó desactualizado por los violentos cambios de los precios de la energía y otros commodities por la invasión Rusa a Ucrania.

Presiones inflacionarias

Con el nuevo escenario las metas fiscales y monetarias establecidas para el país deberían ser más estrictas porque se abren fuertes presiones inflacionarias. El FMI ha perdido credibilidad en estos centros financieros luego de conocido el programa con la Argentina, y no creen el organismo corrija los errores cometidos, si no los profundice.

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En el país, la mayoría de los estudios económicos ya dudaban de la viabilidad del programa antes de los cambios originados por la guerra en Ucrania, mientras que en la oposición se sostiene que el FMI rescató al gobierno de Alberto Fernández y cerró un acuerdo por dos años que traslada otra vez una salida a los problemas económicos al próximo gobierno que surja en 2023.

Dentro del oficialismo, los sectores K cuestionan el acuerdo y culpan a la gestión de Alberto Fernández de blanda con el FMI, por no haber logrado más plazo de refinanciación y menores tasas.

En cualquier caso, el Gobierno que suceda al actual, tendrá que abrir otra negociación con el FMI y seguramente otra refinanciación de su deuda con los bonistas. Ese es el temor de los tenedores de deuda argentina: que debido a la concentración de los vencimientos de deuda a partir de 2024, privada y con los organismos internacionales, la Argentina tenga de refinanciar su deuda nuevamente. Esto explica la ausencia de euforia en este acuerdo y que el riesgo país se mantenga cerca de los 1.800 puntos. Internamente, las urgencias están centradas en la inflación que pese al acuerdo, sigue escalando.

Alarmas

El índice de precios de febrero de 4,7 por ciento encendió las alertas. Aunque tarde y con herramientas que ya fracasaron, insistiría el ministro Martín Guzmán. La sensación de inflación, de todas maneras, fue mucho más alta para la mayoría de la sociedad. El precio de alimentos y bebidas sin alcohol subió 7,5 por ciento en febrero y podría repetirse índices iguales o mayores en marzo y probablemente en abril si las medidas no son efectivas. La aceleración inflacionaria del mes pasado ocurrió antes de la guerra de Ucrania, por lo que el impacto de los precios de la energía, el petróleo, el trigo o la soja recién empezarían a reflejarse en los indicadores de marzo y abril. El último informe de la Fundación Mediterránea sostiene que “la canasta de precios libres del IERAL, muestra que el nivel general de precios esconde una mayor inflación a la observada”. Y con respecto al salto inflacionario del mes pasado, dice que “la política monetaria tiene un efecto rezagado sobre la inflación. En los últimos ocho meses, la emisión de origen fiscal guarda una relación más estrecha con la tasa de inflación y, concentrándonos en 2021, la del último semestre fue muy superior a la del primero, pasando de 10 por ciento de la base en junio, a 47 por ciento en diciembre”. Precisamente, la enorme expansión monetaria originada por el plan electoral de agosto del año pasado, es la razón del salto inflacionario.

El ministro Martín Guzmán y el gobierno siguen omitiendo este detalle básico de la razón de la espiralización de los precios, que tampoco puede ocultarse: la base monetaria fue duplicada el año pasado y los efectos monetarios en los precios explica la mayor inflación. Mirando para otro lado, el presidente y sus funcionarios sostienen que el alza de precio se debe a la “especulación” e, inmediatamente, señalan a las empresas. En tanto el oficialismo mantenga esta versión conspirativa de la inflación y siga aumentando el gasto público, los precios seguirán escalando. La Argentina tuvo al menos dos episodios de hiperinflación en su último período democrático, sin embargo por lo ocurrido en estos años, nada de esas experiencias se tradujeron en enseñanzas: la disciplina fiscal y monetaria es hostigada y prevalecen puntos de vista ideológicos, como el que sostiene que la emisión monetaria no afecta los precios o que un mayor gasto reactiva la economía.