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Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
La interna a cielo abierto que enfrenta el Gobierno tuvo ayer otro capítulo, esta vez, con las declaraciones del camporista Wado de Pedro, que reconoció que “no hay coincidencias en las discusiones” que viene teniendo el oficialismo sobre cómo reducir la inflación. Mientras el Ejecutivo apuesta a un diálogo que permita “crecer a todos los sectores en armonía” -anoche hubo otra reunión con empresarios y sindicalistas en el Palacio de Hacienda-, en el kirchnerismo reclaman medidas más contundentes contra los formadores de precios y también un aumento en las retenciones a las exportaciones del agro que permitan “desenganchar” los efectos del boom de las commodities en el mercado interno, que incrementan la recaudación impositiva que exigen los gastos del Estado.
La controversia en el seno de la coalición de Gobierno viene agudizándose luego del acuerdo con el FMI que anudó el ministro Martín Guzmán, uno de los funcionarios más apuntados por el Instituto Patria. Mientras, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) confirma un preocupante fenómeno con la aceleración de la inflación: que uno 1 de cada 3 trabajadores se encuentra bajo la línea de la pobreza pese a cobrar un salario. Además, la baja de los índices de los que están lejos de la Canasta Básica Total se dio en el marco del “plan platita”, consecuencia de una alta emisión en el último cuatrimestre de 2021.
El ministro de Pedro (Interior) admitió la grieta existente en la coalición oficial acerca de cómo recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores: “Así como el FMI generó una discusión dentro del Frente de Todos, la inflación es otra de los debates que se vienen dando y donde no hay coincidencias”. Le apuntó a “políticas más contundentes de la cadena de valor” de los productos.
El funcionario recibió ayer por la tarde en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, que en las últimas horas reclamó en clave interna “cumplir con el contrato electoral, que es hacer que la gente viva bien” al tiempo que cuestionó las medidas que toman algunos ministerios conducidos por funcionarios “albertistas”, como Economía y Desarrollo Productivo, para intentar contrarrestar la suba de precios.
Sólo hay un dirigente de cuño cristinista en la cartera dirigida por Matías Kulfas: el secretario de Comercio, Roberto Feletti, que ya se atajó ante los malos números que traerá el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo al asegurar que “milagros no hago”. Su labor, en verdad, es resistida tanto en el Palacio de Hacienda como por los gremios de la CGT alineados a la Casa Rosada que, aseguran, que “no sirven los controles de precios”. En realidad, la historia de los últimos años ya dio cuenta del fracaso de esa herramienta.
Con el acuerdo por la deuda cerrado, en el Gobierno buscan relanzar la gestión pero se han encontrado con una fuerte interna por parte del kirchnerismo, que se da también en otros ámbitos.
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Anoche Guzmán, junto a otros integrantes del equipo económico, volvió a reunirse con sindicalistas y dirigentes de la UIA para consensuar medidas que tiendan a minimizar las expectativas inflacionarias. Una suerte de continuidad del encuentro del último lunes en el sindicato de Sanidad, esta vez, en el sector privado del quinto piso del Palacio de Hacienda.
En el entorno de Guzmán reconocen las presiones sobre su figura pero afirman que intenta dejar atrás el epíteto de ser “el ministro de la deuda” y que, en todo caso, las controversias en cuanto a la definición de las medidas anti inflacionarias las debe saldar “la política y no un técnico”. Traducido: esas diferencias en el corazón de la coalición oficial deben ser dirimidas por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Empero, esa suerte de “reunionismo” es cuestionada por el ala cristinista del Gobierno que insiste en medidas más concretas, como la aplicación de “retenciones móviles” a las exportaciones de granos para bajar el costo de los alimentos. También un diputado del riñón kirchnerista aseguró que “es evidente que el FMI no se resigna a los ajustes que propone sino que viene por más” al hacerse eco de las declaraciones del vocero del organismo de crédito, Gerry Rice, que se refirió a los “riesgos elevados” que tiene Argentina de no cumplir el acuerdo, lo que podría recalibrar las pautas consensuadas en el plan de facilidades extendidas.
Alberto Fernández, en ocasión de participar de un acto en Santa Fe, volvió a desenfundar el nuevo relato oficial que justifica el rebrote inflacionario por los efectos de la guerra en Ucrania que, en verdad, por una cuestión cronológica casi no tuvo efecto sobre el índice de febrero que mostró un alza de 7,5% sólo en alimentos. “De los 50 puntos de inflación debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional, pero el resto son nuestros”, enfatizó, ladeado por el gobernador Omar Perotti, que le volvió a sugerir que no suba los derechos de exportación al campo, temeroso por el daño electoral que le ocasionaría una medida de este tipo.
El otro tema que genera cruces hacia el interior del Gobierno es la energía no sólo por la posible la falta de gas en invierno sino también por sus probables efectos inflacionarios. La escasez devenida del conflicto bélico en el este de Europa multiplicó por 3 los precios del gas natural licuado (GNL), por caso. “Hay problemas pero Energía la maneja el kirchnerismo”, chicaneó una calificada fuente gubernamental consultada.
Y más allá de la interna, la realidad golpea, mientras que el extenso acampe piquetero demuestra el crecimiento de un poder externo al peronismo y a la CGT, con los cuantiosos fondos que reciben del Gobierno nacional a través de los subsidios que manejan. Como dice un viejo dicho, “el que reparte, se queda con la mejor parte”.
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