Conadep, la pionera comisión de la verdad que destapó el terror argentino

Columnista de la agencia EFE

Apenas cinco días después de que finalizara la última y más sangrienta dictadura militar (1976-1983), Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia, impulsó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que, liderada por el escritor Ernesto Sábato y considerada pionera en el mundo, sentó las bases para hacer justicia sobre los casos de desaparecidos por el régimen.

“La Conadep se pudo hacer porque el presidente que estaba a la cabeza del partido que ganó las elecciones después de la dictadura era un hombre convencido de la defensa de los derechos humanos. Tan así que eligió para jurar el cargo el día de los derechos humanos. Desde entonces, de 1983 para adelante, todos los presidentes en Argentina juran el 10 de diciembre”, cuenta Graciela Fernández Meijide, que en la Comisión fue la secretaria encargada de recibir las denuncias de desaparición presentadas por las familias de las víctimas.

Sus principales funciones eran recopilar pruebas sobre las desapariciones y remitirlas a la justicia, averiguar el destino de las víctimas y la ubicación de bebés robados a muchos de esos detenidos y emitir, tras seis meses de trabajo, unas conclusiones cuya síntesis dio origen en 1984 al informe “Nunca Más”, que sirvió de base probatoria en el histórico Juicio a las Juntas, que condenó en 1985 a los jefes de la dictadura.

DESAPARECIDOS Y SOBREVIVIENTES

Militantes políticos y sociales, de grupos revolucionarios armados y no armados, periodistas, estudiantes, artistas o religiosos desaparecieron para siempre tras ser secuestrados y torturados y muchos arrojados al mar.

Fernández Meijide recuerda que el objetivo de la Conadep era “investigar a lo largo y ancho de todo el país” e incluso fuera de él -por los testimonios de exiliados-, “la represión brutal” del terrorismo de Estado. “En muchos casos esos sobrevivientes nos acompañaron en la inspección de los centros clandestinos y era notable ver la ansiedad por que se comprobara que lo que habían dicho era verdad”, evoca la activista, de 91 años, a quien la dictadura le secuestró un hijo, de quien nunca más supo.

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Según la Conadep, fueron desaparecidas casi 9.000 personas, cifra que el Estado ha ido actualizando aunque apenas ha variado: “Todo se hizo a una intensa velocidad, por lo tanto pudo haber habido en su momento nombres repetidos. Hoy día, la Secretaria de Derechos Humanos, que recibió la herencia de la Conadep, tiene una lista que se puede ver por internet de casi 8.000 desaparecidos”, afirma.

“Nunca vamos a poder decir qué cifra exactamente. Es difícil, precisamente porque la metodología que eligió la dictadura fue la desaparición, en parte para desconcertar a las organizaciones y a las familias y también para garantizarse la impunidad: no había cuerpo del delito”, agrega.

Aún hoy, el número de desaparecidos es polémico porque organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo aseguran que fueron 30.000.

Defensora de las cifras de la Comisión, y convencida de que se trata de una cuestión que se ha politizado, Fernández Meijide opina que es “imposible pensar” que la sociedad argentina hubiera dejado sin denunciar, ya en democracia, tantas víctimas de diferencia.

También el prólogo del informe fue criticado por quienes consideran que alimenta la “Teoría de los dos demonios”, equiparando el terrorismo de Estado con la violencia de la guerrilla. Unos críticos que, según la activista, “terminan poniendo como héroes a quienes integraron organizaciones armadas y cometieron crímenes”.

“Nosotros no lo negábamos. Lo único que pedíamos, en mi caso yo tengo un hijo desaparecido, es que tuvieran justicia y posibilidad de defenderse, que es lo que faltó. Esa es la violación de los DD.HH. de parte del Estado. Cuando las agencias del Estado atacan, matan, ponen en prisión, hacen desaparecer, torturan en nombre del Estado”, asevera.

CONSEJO DE NOTABLES

Como miembros de la Conadep -definida por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur como “la primera Comisión de la Verdad que funcionó en el mundo”- fueron elegidas más de una decena de personas notables comprometidas con los derechos humanos, y Sábato fue su presidente. También tuvo seis secretarios.

Fernández Meijide es una de las pocas aún con vida. Su hijo Pablo fue secuestrado cuando tenía 17 años. Buscando saber lo ocurrido, integró primero a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego la Conadep.

“Yo quería matar a todos los que se lo habían llevado. Yo veía un uniforme y quería matarlo. Cuando me di cuenta de que no iba a hacer eso, porque ni tenía los medios ni era mi índole, dije ‘yo lo voy a llevar a la justicia’”, rememora quien también fue diputada y senadora y ministra durante el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).

“Nada hacía creer que se pudiera llevar a la justicia, sin embargo se pudo. Yo no puedo decir que eso compensa la desaparición de mi hijo, nunca voy a decir esa barbaridad, pero el hecho de que haya habido justicia contribuyó mucho a que no hubiera habido ningún acto de venganza personal”, indica, segura de que la derrota argentina en la guerra de Malvinas en 1982 aceleró la llegada de la democracia y que los militares se fueran sin poner condiciones.

Tras el Juicio a las Juntas, los procesos abiertos para juzgar a mandos inferiores fueron interrumpidos por dos leyes aprobadas durante el Gobierno de Alfonsín (1983-1989). Luego, Carlos Menem (1989-1999) indultó a militares, entre ellos la cúpula del régimen, y a los líderes de las guerrillas de izquierda. En 2005, durante el Ejecutivo de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró inconstitucionales esas leyes y los juicios se retomaron.