El fiscal, contra Cristina: “Era la jefa de la asociación ilícita”

Los fiscales que intervienen en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 dieron por probado que durante ese período los gobiernos kirchneristas se manejaron de modo arbitrario para beneficiar al empresario Lázaro Báez y comenzaron a cerrar así el alegato acusador. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, dijo el fiscal Diego Luciani.

En la octava de las nueve audiencias solicitadas por la fiscalía para sus alegatos, Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.

Se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 los fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.

“La ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.

En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmó que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.

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El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”, hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.

La audiencia se desarrolló de modo semipresencial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

“Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron”, recalcó. Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas, José López. “Austral Construcciones (la empresa de Báez) fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado”, concluyó.