Acuerdo por el salario mínimo pero todavía hay puja por la suma fija

En pleno ajuste fiscal, se anunció una reducción de $150 mil millones a distintos ministerios hasta fin de año, el Gobierno está obligado a negociar una mejora en los ingresos para no perder más apoyo de su base electoral: ayer subió los montos de los planes sociales que, en forma escalonada, se ubicarán en torno a los $29 mil en noviembre próximo al tiempo que negocia para los trabajadores privados el pago de una suma fija que, no obstante, es resistida por la mayoría de los gremios que no quieren perder protagonismo en la puja distributiva y la posibilidad de fijar mayores incrementos vía paritarias.

Hace tres semanas en ocasión de su asunción como ministro de Economía, Sergio Massa había anunciado el pago de un bono a los asalariados que cobren menos de $150 mil, en el marco de un acuerdo con empresarios y sindicalistas que intente compensar el deterioro en el poder adquisitivo. Luego Alberto Fernández deslizó que se convocaría a un nuevo encuentro tripartito para fijar un acuerdo de precios y salarios. Lo que queda claro es que hasta ahora no hay consenso entre las partes y por eso no hay fecha para una cumbre en el Palacio de Hacienda.

La intención del Ejecutivo es minimizar las expectativas inflacionarias mediante un control de la puja distributiva: a cambio de un virtual “freno” a las paritarias, se ofrece que los asalariados cobren un adicional no remunerativo. En el kirchnerismo presionan por una mejora inmediata en los ingresos de los trabajadores que compense, en parte, la escalada inflacionaria de los últimos meses. En la misma sintonía, el gobernador Axel Kicillof, se manifestó a favor de pagar estos bonos a los estatales bonaerenses, en el marco de la revisión paritaria que deberá afrontar en su distrito.

La CGT, en cambio, ya dejó por sentado en la marcha del último miércoles que no está dispuesta a resignar las “paritarias libres” como ordenador de los ingresos de los trabajadores.

En este marco, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central obrera y también líder de UPCN, dijo a este diario que “para los trabajadores convencionados una suma por decreto achata las categorías y genera una problemática en las paritarias” aunque no se mostró en contra “de un bono no remunerativo y no bonificable para los trabajadores de menos ingresos”. Esto es lo que, en la actualidad, se estaría negociando: que la suma fija esté dirigida a “casos puntuales”, según se desprende de fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los estatales nacionales, esperan una mejora durante la revisión paritaria de octubre próximo y Jefatura de Gabinete podría adelantar el 20% de aumento que está previsto abonar entre enero y febrero de 2023. Es decir, se adelantarían las últimas dos cuotas del 60% de incremento rubricado en mayo pasado, y se volvería a negociar a principios del año próximo.

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Durante la víspera, asimismo, el Consejo del Salario Mínimo acordó con representantes empresarios y sindicales una suba del 21% extra que llevará ese ingreso a los $57.900 en noviembre próximo cuando las partes se volverán a juntar para evaluar un nuevo ajuste. La mitad del SMVM se calcula para establecer los montos de los planes sociales, entre otros subsidios. La suba, por ahora, no alcanza a las proyecciones que tendrá la inflación en 2022 (al menos del 80%).

Más recursos

La duda que asoma en esta nueva etapa del Gobierno es cómo podrá destinar más recursos para contentar a los movimientos sociales en medio de un plan de control del gasto. Es probable, en este sentido, que a fin de año opte por un “bono navideño” y no por otorgar un nuevo incremento porcentual al salario social complementario. El objetivo, según deslizan en el Palacio de Hacienda, es “desindexar” las distintas variables de la economía.

Concentrado en la agenda judicial de su jefa política, el kirchnerismo no compartiría esta política y por ahora no ha salido a cuestionarla. Tampoco la avala un aliado como el gobernador Kicillof. Un intendente opositor que lo visitó hace unos días en La Plata, contó que le pidió asistencia financiera “para poder compensar los salarios de los municipales por el desfasaje inflacionario -se había pactado una suba del 60% en junio- y el gobernador nos dijo que volviéramos a aumentar las tasas, como hizo Ensenada”. Es que en el fondo, el cristinismo no acuerda con que a pocos meses de las elecciones nacionales, sean los bolsillos de los trabajadores la variable de ajuste de esta crisis.