Apuntan a funcionarios que debían controlar la entrega de planes sociales

¿Cómo se adjudicaban y quién debía controlar el acceso al programa social Potenciar Trabajo? Eso es lo que quiere saber la Justicia en el marco de la denuncia que reveló que casi 160.000 beneficiarios realizaron viajes al exterior y hasta pagaron cruceros de lujos. Es decir que se habrían salteado el requisito excluyente para obtener el plan: estar en condiciones de vulnerabilidad.

Se trata del caso que empezó con una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, quien reclamó dar de baja a 159.919 beneficiarios que habrían viajado al exterior. Además, en una investigación preliminar el titular del Ministerio Público detectó que más de 200 mil personas viajaron al exterior en los últimos 14 años.

Ahora la causa está en manos del fiscal Franco Picardi, quien requirió a la jueza María Servini una serie de medidas preliminares antes de decidir si abre la investigación o no.

Al ministerio de Desarrollo Social, que dirige Victoria Tolosa Paz, el fiscal le solicitó la normativa a través de la cual “se rigen los planes sociales Potenciar Trabajo”. De esta manera busca determinar cómo se controlaba el acceso a los beneficiarios que viajaron al exterior, investigando además a los funcionarios que aprobaron el otorgamiento del programa ahora sindicado de irregular.

La información requerida, abundaron fuentes judiciales, busca conocer “los requisitos de acceso y permanencia al Programa”. Como así también incompatibilidades y motivos que generan la quita, baja o exclusión del beneficio social.

La jueza María Servini, por su parte, hizo lugar al pedido del fiscal Picardi, mientras se espera la respuesta de la cartera de Desarrollo Social.

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Ya Marijuan había solicitado en su momento “la nómina de todos los beneficiarios que viajaron en aviones y barcos para salir del país con sus respectivos DNI”.

Además, el fiscal agregó que otros tantos beneficiarios del plan salieron de la Argentina a países limítrofes. “Todos los organismos involucrados, incluso el suyo, cuentan con los nombres y DNI de estas personas”, le reprochó Marijuan a la ministra de Desarrollo Social.

“Uno de los aspectos que se tuvo particularmente en consideración sobre esto último, fue detectar a aquellos que registran estadías en el exterior por más de treinta días, lo cual pone de resalto que una vez que egresan del país retornarían con una alta probabilidad de tener como único propósito la percepción del plan sin vivir en el territorio argentino”, advirtió el fiscal en el escrito.

Incluso, Tolosa Paz confirmó públicamente que hubo irregularidades y admitió que 1.129 beneficiarios del plan de ayuda social realizaron viajes al exterior.

En la denuncia que ahora el fiscal Picardi debe decidir si investiga o no, se especificó que viajaron al exterior por avión 29.075 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo; 349.835 en auto; 817 en crucero; 83.974 en barco; 199.977 en ómnibus y 149.227 sin especificar cómo salieron.

En este contexto, Marijuan exigió a Tolosa Paz, máxima responsable del Ministerio que otorga el programa, que los beneficiaros que viajaron al exterior “dejen de cobrar el Programa puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”.

Con todo, el fiscal calculó “un perjuicio contra el Estado por un total de 10.554.654.000 pesos mensual”. La cifra se basa en la suma de 66.000 pesos que percibió en octubre cada titular del plan Potenciar Trabajo.

Con la investigación en marcha, Tolosa Paz se comprometió en los últimos días a “recuperar lo que perdió el Estado” por este otorgamiento de planes sociales a personas que se hicieron pasar por vulnerables sin serlo.

Además, la diputada nacional electa destacó en declaraciones radiales la implementación de controles y entrecruzamiento de datos para chequear que los beneficiarios de programas sociales efectivamente cumplan con los requisitos. Y agregó que esos controles tuvieron como resultado “la baja de 110 mil Potenciar Trabajo”.

“Estamos terminando de pulir la información para analizar a aquellas personas que fueron a países limítrofes y se quedaron un tiempo considerable”, aseguró la ministra, mientras aclaró que estos casos son la excepción porque “el 99% del programa son personas vulnerables”.

Los beneficiarios se habrían hecho pasar por vulnerables, sin serlo, para acceder a la ayuda estatal