Denuncian por "planera" a la rusa sospechada de manejar la agencia para traer mujeres embarazadas al país

La causa en la que se investiga a una supuesta organización dedicada a gestionar en tiempo récord documentación para ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres embarazadas, llegados a este país en los últimos meses, tiene secreto de sumario con la intención de preservar pedidos de prueba.

Mientras tanto, la jueza María Servini, a cargo de la causa, denunció a Elena Kuklina por el delito de defraudación contra la administración pública. Kuklina es una ciudadana rusa que llegó al país en 2008, en 2019 tuvo su primer hijo, ese mismo año regresó a Rusia y a fines de 2021 retornó a la Argentina para tener a su segundo hijo. Ambos son ciudadanos argentinos.

Kuklina está apuntada de haber montado una agencia para traer ciudadanas rusas gestionándoles de modo irregular, y en escaso tiempo, el otorgamiento de residencias permanentes en la Argentina para ciudadanos rusos, entre los cuales sobresalen numerosos casos de mujeres embarazadas que llegaron al país a dar a luz a sus hijos a cambio de entre 20.000 y 35.000 dólares.

Una línea de investigación conduciría a identificar a distintos “gestores” que aportan a la trama de falsos certificados de domicilio para que las ciudadanas rusas puedan avanzar con los trámites. Los posibles delitos que se investigan son falsificación de documentos, y venta de partidas de nacimientos y DNI a ciudadanos rusos.

El fenómeno ya viene siendo investigado por Migraciones desde el año pasado, que incluyó la entrevista a 350 mujeres rusas que relataron que pagaron a organizaciones que les facilitaban la posibilidad de parir en Argentina para luego solicitar la nacionalización y el pasaporte argentino.

La denuncia contra Kuklina tiene que ver con el hecho que tras los allanamientos hechos en Puerto Madero, donde se procedió al secuestro de más de 60 mil dólares y unos 2 mil euros, se constató que la mujer paga 3.000 dólares de alquiler por un departamento en esa zona y al mismo tiempo percibe una AUH de $10.000 por cada uno de sus dos hijos, beneficio que deben percibir aquellas personas con escasos recursos.

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Ante ese escenario, la jueza Servini decidió impulsar una denuncia contra Kuklina que quedó en manos del juez Julián Ercolini.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que "una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios".

Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que "se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord".

"El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países", aportó el comunicado.