Un rebrote inflacionario que complica y hace ruido por los sueldos, ¿una suma fija?

Tras la disparada en los precios de las primeras semanas de 2023, el Gobierno insiste en mantener una meta inflacionaria del 60 por ciento, que contradice los pronósticos de las consultoras privadas porque agregan casi 40 puntos a ese indicador. El objetivo es tratar de fijar una pauta salarial del 30 por ciento para la primera mitad del año para intentar orientar la puja distributiva pero que en los hechos provoca malestar en un amplio sector del sindicalismo y genera mayor ruido en el convulsionado Frente de Todos.

El oficialismo, en verdad, se encuentra ante una enorme encerrona: apuesta a minimizar las expectativas inflacionarias y a enviar gestos al mercado con el fomento de una suerte de “techo salarial” que regule la negociación paritaria ,Pero al mismo tiempo necesita que los ingresos de los trabajadores ganen poder de compra para llegar competitivo a las elecciones de octubre próximo.

De todos modos, frente a la emergencia, se consolidaría la posibilidad de un aumento a través de una suma fija y no en porcentaje, con el argumento que le favorecería más a los que cobran salarios más bajos, por ejemplo, para la compra de alimentos. El escollo, creen, serían los Moyano.

El pesimismo que trajo el número de enero del IPC (6 por ciento) obligó al ministro Sergio Massa (Economía) a intentar mantener vivo el relato de la inflación del 60 por ciento presupuestada para este año y a hacer malabares dialécticos para sostener que la reducción del indicador al 3 por ciento que preveía para abril próximo, en verdad, se trata de un “objetivo” al que aspira alcanzar a lo largo del año.

Ayer fue el turno de la ministra Kelly Olmos (Trabajo) de salir a bancar las metas inflacionarias que propala desde noviembre pasado el Palacio de Hacienda no sólo para minimizar las expectativas sino para ir posicionando a Massa como uno de los precandidatos presidenciales del FdT, una instalación que pareció quedar afectada por el rebrote inflacionario de las últimas semanas.

Lo cierto es que la funcionaria aprovechó la reciente firma de la paritaria nacional docente del 33,5 por ciento para el primer semestre, que sirve para fijar un piso para los acuerdos que luego negocian las provincias con los gremios, para promover una pauta salarial para las negociaciones colectivas que se avecinan. “Destacamos que la meta de inflación de 30 puntos (para el primer semestre) se mantiene vigente. Ese es el parámetro (de las paritarias) y no nos oponemos a que los sectores puedan buscar algún punto adicional de recomposición”, apuntó.

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La misma pauta

Fue el mismo mensaje que los funcionarios enarbolaban tras el acuerdo de precios y salarios de febrero de 2021, que el Ejecutivo negoció con la CGT y la UIA, que en aquél año había parido la pauta salarial del 29 por ciento. Ahora invitan a los jefes gremiales a negociar entre 31 o 33 por ciento para los primeros seis meses del 2023. El problema es que los trabajadores formales, y en mayor medida los informales, viene perdiendo ingreso real al menos desde hace 3 años y por eso en cada negociación aspiran a poder recuperar un mayor poder de compra.

Pablo Moyano, que integró la Mesa del Frente de Todos que reunió a 33 dirigentes del oficialismo en la noche del jueves, ya se manifestó en rechazo a dicha pauta salarial.

Durante la citada cumbre no hubo mayores referencias al tema: Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) dijo que se hizo hincapié en la necesidad de que haya una recomposición en los ingresos de los trabajadores pero no se propusieron “medidas concretas” para lograrlo. El documento final del encuentro incluso aboga por “continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor”.

Pero más allá de cualquier recurso literario o relato, la realidad indica que en pleno reacomodamiento de precios relativos, parece difícil que el oficialismo logre aminorar el ritmo de la inflación. Incluso hay economistas que alertan sobre los efectos en las góndolas de la suba del dólar que usualmente se registra en los meses previos a cada votación.

Antes del repunte de los precios de las últimas semanas, el Banco Central ya había dado a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que, con datos de las distintas consultoras, estimó un IPC del 97 por ciento para 2023.

Lo cierto es que esta semana se podría realizar la postergada visita de Massa a la sede de la CGT en búsqueda de un gesto de “racionalidad” en la discusión paritaria de este año. En privado, con todo, son varios los jefes sindicales que sostienen que no hay consenso para acordar una pauta salarial para la primera mitad del año.

Es probable que el ministro de Economía nuevamente escuche los reclamos por las deudas por los recursos de las obras sociales: en la central de calle Azopardo sostienen que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) les debe unos $6 mil millones a cuenta de la cobertura de los rubros de la Discapacidad del año pasado y que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, tampoco les ha dado una respuesta para la compra “conjunta” de medicamentos importados, para tratar enfermedades complejas, que posibilitaría oxigenar las arcas sindicales.