Listas en la mira: “candidaturas ilusorias” e interrogantes legales

La proliferación de listas presentadas para competir en las PASO del 13 de agosto en la Provincia despertó todo tipo de interrogantes sobre una cantidad de 26 precandidatos a gobernador, con sus nóminas seccionales y municipales. Y encendió las alarmas en la Junta Electoral bonaerense, que emitió ayer un alerta por curiosas inconsistencias que aportan opacidad al proceso electoral sobre lo que calificó como el eventual ofrecimiento de “candidaturas ilusorias”.

El órgano advirtió formalmente al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio Público Fiscal y al Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral, que cuatro partidos provinciales presentaron un “significativo” número de observaciones y una “sistemática directriz en la confección de listas” en las que la mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecen al distrito por el cual se postulan.

Se trata de los partidos provinciales “Encuentro Republicano Federal”, “Esperanza del Pueblo”, “Frente Federal de Acción Solidaria” y “Justicia y Dignidad Patriótica”.

INCONSISTENCIAS

En la resolución de la Junta Electoral provincial, a la que tuvo acceso EL DIA, se detallan conclusiones desprendidas de un informe de la secretaría de Modernización del organismo que expone como ejemplo que la lista de precandidatos de Chivilcoy de “Encuentro Republicano Federal” lleva precandidatos domiciliados en José C. Paz y La Matanza.

Otro caso alcanza a La Plata y es de la lista municipal de “Justicia y Dignidad Patriótica”, que postula a una precandidata a intendenta platense que presentó luego su renuncia a la competencia, igual que la mayoría de los precandidatos a concejales titulares y el primer candidato a consejero escolar. En este caso, los primeros dos postulantes a ediles suplentes tienen domicilio en Azul y otros, en Junín, San Nicolás y General Pinto. Sin embargo, si no renuncian todos los integrantes, la lista persiste.

El mismo procedimiento se aplicó de forma sistemática en numerosos casos de precandidatos distritales, citándose como ejemplo los casos de Morón y Chacabuco, entre otros.

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La advertencia de la Junta Electoral es que la función del organismo en la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) no tiene la facultad de inhabilitar una lista, aunque sepa que no está en condiciones de presentarse a las generales de octubre, porque “se trata de una competencia partidaria”.

Quienes habilitan las listas son las juntas electorales de los partidos políticos y luego lo que se controlan son formalidades vinculadas a los avales y otros procedimientos.

Frente a esto, en la resolución que el organismo provincial emite al Ejecutivo, la Procuración y la justicia federal, se subraya que estos procedimientos irregulares en la confección de esas listas presentadas, suponen “una vulneración del electorado, toda vez que la oferta electoral propuesta en las PASO, más allá de engañosa, no se vería luego representada en las elecciones generales por las observancias detectadas” por los “múltiples candidatos que no pueden serlo”.

Y señala la puesta en conocimiento de los poderes pertinentes para que, de corresponder, “se arbitren medidas para resguardar la transparencia y legalidad de las elecciones”.

LA MIRA EN EL FINANCIAMIENTO

¿Qué perjuicio provoca que un partido político se presente a las PASO sino tiene posibilidad de llegar a las generales de octubre, no hace campaña ni muestra propuestas y candidatos? La propia resolución del organismo electoral advierte que la situación se traduciría en “una erogación considerable por parte del tesoro del Estado provincial sin tener la contraprestación debida, pues se estaría ofreciendo al electorado una candidatura ilusoria”.

Como se sabe, a través de la ley de financiamiento de los partidos políticos y los decretos de que ella emanan, las fuerzas políticas reciben financiamiento público para garantizar la democrática participación en las primarias abiertas. Se trata de una erogación calculada en función de los niveles de las papeletas en las que presentan precandidatos y la cantidad de electores del distrito.

Por ejemplo, una fuerza que postula una precandidatura municipal recibirá de apoyo a fin de año el monto correspondiente a la impresión de un padrón de boletas de ese distrito. En el caso de La Plata, que tiene 624.841 electores, la fuerza recibiría 1.830.784 pesos, al multiplicar esa cantidad de sufragantes por 2,93 pesos, que es el valor de la impresión de un nivel de la boleta.

El financiamiento público a cada fuerza equivale a la impresión de un padrón de boletas

Para cobrar el financiamiento, las fuerzas políticas deben presentar una rendición de cuentas, que no necesariamente debe emplearse en su totalidad en boletas, sino que puede destinarse a cartelería u otros gastos de campaña. Sin embargo, la advertencia que la Junta Electoral realiza sobre las erogaciones del tesoro apunta al financiamiento que reciben los partidos provinciales por participar en las internas de agosto, exponencialmente más importante.

Siguiendo la misma lógica que una fuerza vecinal, los partidos provincial perciben un financiamiento proporcional al padrón, aunque con números mucho más abultados. Un espacio que presente un precandidato a gobernador recibirá un apoyo económico del valor de la impresión de ese nivel de la boleta ($2,93) multiplicado por 14 millones de electores. El resultado es de más de 41 millones de pesos.

Si esa misma fuerza presenta precandidatos a legisladores provinciales en las ocho secciones electorales, percibe otro tanto por ese nivel de la boleta. Y si presenta precandidatos a intendente en los 135 distritos, otros 41 millones más. La suma para estos casos -de partidos que presentan precandidatos en todos los niveles de la Provincia- es de 123 millones de pesos.

Se trata de un financiamiento que aporta para garantizar el derecho de estas fuerzas en las PASO, independientemente de que logren perforar el piso del 1,5 por ciento de los votos para competir en las generales. Si se tiene en cuenta que para el 13 de agosto hay 24 fuerzas anotadas a nivel provincial, y si éstas presentan oferta electoral en todos los municipios y secciones, la cifra escalaría, aproximadamente, a 2.952 millones de pesos.

En los cargos bonaerenses, el financiamiento es instrumentado por el ministerio de Gobierno de la Provincia. El resto de los niveles de la boleta se encuentran enmarcados en la órbita nacional.