Los manteros se disputan a palazos los espacios que son públicos

Nada bueno puede sobrevenir cuando el poder público pretende ignorar actitudes antisociales y delictivas por parte de sectores de la población. Por el contrario, todo aquello que está fuera de la ley y que el Estado omite sancionar cuando empieza, cobra después mayor gravedad y se convierte en un problema mucho más crítico.

Estas consideraciones preliminares sirven para describir lo que ocurre con la venta ambulante en la Ciudad que, desde hace muchos años, es tolerada pese a los enormes perjuicios que causa y que, de pronto, escala en su gravedad hacia otro tipo de expresiones. Ocurre que días atrás los puesteros informales protagonizaron una violenta refriega a partir de un episodio que se desató entre ellos al pelear por “espacios” en la vía pública.

La disputa librada a palazos y a trompadas en 7 y 48, es decir en pleno centro de La Plata, enfrentó a dos grupos que pretendían la ocupación de lugares, sobre los cuales ninguno de los dos tenía derecho alguno ya que se está hablando de veredas, que pertenecen al domino público.

El drama de la venta callejera ilegal es un flagelo de vieja data en las principales zonas comerciales de la Ciudad. Los comerciantes establecidos en locales con todas las de la ley de su lado, no dejan de referirse a la “competencia desleal” que significa tener frente a sus negocios productos similares a los que ellos venden, pero sin las cargas impositivas, el pago del alquilar, las tasas municipales y otros muchos tributos que deben afrontar para legalizar su actividad.

El Estado no controla preventivamente el desembarco de los manteros, no fiscaliza a los existentes que venden mercadería de contrabando o marcas falsificadas. Y hace exactamente lo mismo con los trapitos, que tienen piedra libre para irse instalando y después imponer “leyes” a su entero arbitrio.

Y tampoco el Estado supo moverse a tiempo con los barrabravas. Todos estos asuntos, pequeños cuando comienzan, se complejizan y se han convertido en un grave flagelo para la sociedad.

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En el caso de la venta ambulante, con toda razón los comerciantes señalan que en La Plata al comercio informal, a la economía en negro, el Estado le ofrece graciosamente la vía pública para que prospere. Ningún inspector –aseguran- controla las mercaderías que venden o, si lo hacen, al poco tiempo vuelven al mismo lugar.

De acuerdo a un relevamiento publicado ayer por este diario, realizado por la Cámara Argentina de Comercio, en La Plata se detectaron en junio 365 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales.

Este valor representa una suba de 225,9% con respecto a junio de 2022 y una disminución del 2,7% en relación a mayo. Analizando las cuadras más afectadas, se observa que el primer puesto lo ocupó Plaza San Martín (6 a 7 y 50 a 54), con 208 puestos. Eso es el 57% del total de puestos relevados en la Ciudad.

Se sabe que en nuestra ciudad, comercios, industrias y servicios luchan en forma denodada por sobrevivir y proyectarse hacia un futuro mejor. En ese contexto, no quedan dudas de que hacen falta medidas crediticias, impositivas y de otro tipo de estímulos que debieran promoverse cuanto antes. Los problemas que plantea la crisis son de enorme magnitud y el empresariado puede dar fe de ello. La venta ambulante –prohibida en muchos distritos del Gran Buenos Aires- es exactamente el modelo contrario de lo que se necesita, para que la población se desarrolle y avance.

Mientras tanto, las reyertas a palazos y trompadas merecen el tratamiento policial correspondiente, sin perjuicio de deslindar responsabilidades y aplicarle sanciones a los que pretenden dirimir litigios por vía de la fuerza física.