Leyes “obsoletas”: el proyecto “Hojarasca” de Milei

Además de los proyectos para “simplificar” el trámite de divorcio y “modernizar” la Justicia (ver aparte), el Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados la mentada Ley Hojarasca, con la que busca eliminar un tendal de 70 leyes que se consideran “obsoletas” o que generan “costos inútiles para los contribuyentes” y que “limitan las libertades de los ciudadanos”. La mayoría de ellas fueron sancionadas por distintas administraciones (militares y constitucionales) durante el siglo XX, principalmente.

Además de la copiosa derogación de normativas aún vigentes, la iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone una serie de reformas. Alguna de ellas polémicas, como la eliminación del financiamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

De aprobarse la ley, ese organismo, bastión del peronismo bonaerense que ahora preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, debería solventarse con los aportes de sus afiliados o a partir de los recursos aportados por el sector privado. Hoy lo hace mayormente con fondos provenientes del Estado Nacional. La propuesta libertaria establece que la FAM ya “no podrá recibir recursos del Estado ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica”.

También se pretende avanzar sobre el Círculo de Legisladores, al quitar la partida incluida dentro del Presupuesto Nacional y definir que se deberán financiar con las cuotas de sus afiliados.

Se plantean además cambios en el padrinazgo del séptimo hijo, al eliminar la obligación de otorgar los recursos para la educación primaria, secundaria y universitaria.

Entre las normas a derogar se menciona una ley aprobada en tiempos de Juan Domingo Perón y que imponía “pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”.

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De la época militar de Juan Carlos Onganía se buscará eliminar la ley 18.312 en la que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.

Por otro lado, se le apunta a la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse, que obligaba “a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba que se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión”.

De los tiempos de Lanusse es también la ley 20.120, que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar a los mismos”. Algo que “representa una violación flagrante de la libertad personal”, advierte el proyecto Hojarasca del Gobierno.

En la lista de leyes a excluir aparece también la 20.959. Sancionada durante la administración de Isabel Perón, otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento, lo que para Sturzenegger es un “claro ejemplo de privilegio, inaceptable en una sociedad democrática”.

Entre la “hojarasca” que el Gobierno quiere barrer figuran también leyes del último proceso militar, como aquella que obligaba a los medios de comunicación a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional o la que permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas y que para la nueva administración representa una “injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada”.

Entre los fundamentos para avanzar con este conjunto de reformas y derogaciones, el Gobierno advirtió que lo que busca es “eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales” y citó: “Como dice el viejo adagio: cuantas más leyes menos Justicia, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad”.

Según se advirtió, muchas de las normas que se proponen derogar provienen de una “concepción militar”, que encuentra en “la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma”.

En efecto, muchas de estas leyes fueron sancionadas durante gobiernos militares como el de Lanusse, Onganía y Jorge Rafael Videla. Pero también hay normativas creadas durante las gestiones de Perón, Héctor Cámpora Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Arturo Illia, Cristina y Néstor Kirchner.