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Una organización no gubernamental que defiende el medio ambiente denunció movimientos de suelo y trabajos con maquinarias en un sector de la Isla Santiago, “violando una resolución judicial vigente”, según aseguraron los ecologistas, en tanto que desde el municipio de Ensenada se sostuvo que sólo se trató de un corte de malezas como trabajo previo para la reparación de un puente, sin que se realizara extracción de árboles.
Las dos islas que enmarcan la entrada y salida del Puerto La Plata, la Santiago y la Paulino, que dependen respectivamente de Ensenada y Berisso, son áreas declaradas como “paisaje protegido”, esto es de interés provincial para el desarrollo turístico mediante la ley 12.756.
Como se sabe, en julio pasado una resolución judicial dictada por el juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de nuestra ciudad, instó a los dos municipios a que “se abstengan de autorizar y/o gestionar directa o indirectamente la construcción de emprendimientos urbanísticos, aprobar loteos y/o subdivisiones y todo proyecto que implique movimiento de suelos y desmonte en el ámbito del “Paisaje Protegido Monte Ribereño Isla Paulino, Isla Santiago”.
La acción fue impulsada por la Ong Nuevo Ambiente, cuyos integrantes ahora se acercaron a uno de los sectores de la isla Santiago conocido como La Canaleta y, según dijeron, comprobaron la presencia de dos palas de gran porte y camiones municipales de Ensenada realizando trabajos de movimiento de suelo y vegetación existente, así como acopio de tosca con restos de loza de hormigón armado.
También dijeron haber verificado la construcción de una base de hormigón armado en la entrada o acceso a la Isla a la vera del camino”.
Por su parte, desde la municipalidad de Ensenada se informó que “sólo hubo corte de maleza. Se hizo ese trabajo para posteriormente reforzar el sector del puente. No hubo corte de árboles de ninguna especie. No se intervino en nada que afecte la naturaleza, sino todo lo contrario. Se hicieron trabajos para proteger el ambiente y la vida humana”.
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Frente a versiones tan opuestas, todo indicaría que le corresponde al organismo judicial comprobar si la medida ordenada en su momento se está cumpliendo o no, para actuar luego en consecuencia.
Lo que importa es corroborar que el paisaje ribereño no esté siendo agredido y que no se encuentran en riesgo patrimonios de enorme valor ambiental, como lo son los humedales costeros y otros ámbitos naturales.
Siempre es imperativo, en materia ambiental, actuar con prontitud, ya que los daños que pueden inferirse pueden llegar a ser irreversibles. Se habla de proteger patrimonios ricos que, también, le pertenecen a toda nuestra zona.
Las islas no pueden en modo alguno quedar expuestas al arbitrio de nadie, sino enmarcadas y resguardadas en las protecciones que la ley ordena. Eso es lo que define la mencionada medida cautelar, cuya vigencia no debería desestimarse.
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