Vacantes en la Corte: se complican las designaciones

Entre los temas más sensibles que trata el Congreso por estas horas está la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde la última semana de diciembre tendrá sólo tres integrantes por la jubilación del magistrado Juan Carlos Maqueda. Se sabe que el gobierno envió los pliegos del controvertido Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla, que hoy se debaten en la comisión de Acuerdos pero son frutos de un enorme tironeo político.

Ayer, el bloque kirchnerista de Senadores le advirtió formalmente al Gobierno que rechazará las nominaciones de sus dos candidatos si el presidente Javier Milei los designa en comisión por decreto, sin esperar a que la Cámara alta otorgue los acuerdos con los dos tercios de los votos. El “decretazo” viene siendo una suerte de advertencia del Ejecutivo ante las demoras en el tratamiento.

Unión por la Patria es el principal bloque de oposición en el Senado. Sus votos son imprescindibles para sacar este tipo de nombramientos. El jefe de la bancada, el cristinista José Mayans (Formosa), le entregó ayer en mano una nota firmada por la totalidad del bloque al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que había ido a la Cámara alta a dar el informe obligatorio de gestión. Y que sorprendió al admitir en ese recinto que se considera a una mujer para la Corte Suprema de Justicia. Un reclamo de Cristina Kirchner en un posible acuerdo.

“Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución”, afirmó Mayans, antes de pararse y dirigirse a la mesa donde se encontraba Francos para entregarle la misiva.

Pero desde la Rosada relativizaron esa posibilidad: “El Senado no puede voltear un nombramiento en comisión”.

En la carta, los legisladores K dejan en claro que no aceptará que el Gobierno se ampare en el artículo 99º de la Constitución Nacional que le permite al Ejecutivo designar a funcionarios que necesitan acuerdo del Congreso durante el receso del cuerpo. El kirchnerismo interpreta que esa posibilidad sólo es aplicable para el caso de diplomáticos y militares. Lo mismo piensan varios constitucionalistas que han sido consultados por los medios.

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“Es por eso que la designación en comisión de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”, subrayaron los justicialistas.

Los 33 senadores kirchneristas se alinearon con esa postura. Y eso pone al Gobierno en aprietos: sin el aporte de Unión por la Patria, o de una parte de esa bancada, le será imposible nombrar a Lijo y a García Mansilla. La Cámara alta tiene 72 miembros y con 25 legisladores alcanza para cerrarle la puerta de manera definitiva al apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez de la Corte.

Hay antecedentes: en 2015 Cristina Kirchner fracasó en su intento de designar en la Corte a Roberto Carlés. No consiguió el número.

La estrategia oficial

El kirchnerismo pretende con esta jugada obligar al Gobierno a sentarse a negociar con ellos la integración de la Corte. Hasta ahora, Milei está aferrado a la premisa de que se aprueben los dos pliegos que mandó sí o sí. “Los dos o ninguno”, dicen los mileistas. Aún cuando es obvio que el oficialismo pretende a Lijo allí, estiman que pueden endosarle ese nombre a los K y capitalizar ellos el de García Mansilla, casi sin objeciones y con un currículum académico respetable.

Pero el kirchnerismo pretende otra cosa, incluso ya lo han blanqueado. El Instituto Patria -léase Cristina- quiere ubicar ahí a una persona de su extrema confianza y por eso busca que el Gobierno resigne a uno de sus candidatos o acepte ampliar el tribunal. El discursos K se disfraza de políticamente correcto argumentando que una mujer debería ocupar uno de los sillones vacantes. La elegida sería la exsenadora kirchnerista María de los Angeles Sacnun.

Hasta ahora, las pretensiones de Cristina se encontraron con la negativa de la mesa chica de Milei. En este tema talla el asesor Santiago Caputo, que impulsa la tesis de ”los dos o ninguno”. El cristinismo tiene un par de delegados, encabezados por el senador Wado de Pedro.

En un par de ocasiones, fue el propio Francos quien confirmó que se baraja en la Rosada la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, según explicó, ante la “urgencia” de que se produjera una “situación de acefalía” en el máximo tribunal. “No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado”, había dicho el jefe de ministros en la televisión e incluso en el propio Senado durante su alocución de ayer, antes de que le entregaran la carta en cuestión.

El Gobierno envió al Senado los pliegos nominando a Lijo y a García-Mansilla en mayo. Al primero, juez federal de Comodoro Py, lo postuló para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en octubre de 2021. Por su parte, Mansilla -decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral- está propuesto para reemplazar a Maqueda cuando pase a retiro.

Hubo muchos meses para negociar. Pero sus pliegos permanecen estancados a la espera de que se alcance algún tipo de acuerdo político que permita completar la Corte y que hoy asoma dificultoso.