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El Gobierno citaría a los sindicatos para discutir el aumento. Pero además reflotará la iniciativa de declarar a la educación como “servicio esencial” para neutralizar los paros
El reclamo de los gremialistas docentes por paritarias/archivo
A días de que inicie el ciclo lectivo, el comienzo de clases no está asegurado. La comunidad docente se encuentra en alerta y entre amenazas de paro que aún no fueron confirmadas, el Gobierno recibirá esta semana a los gremios nacionales en un encuentro que, aclararon, no es de carácter paritario. Sería antes del encuentro convocado por Ctera para el próximo jueves donde no se descarta llamar a una medida de fuerza.
Si bien la reuniónaún no tiene fecha, el calendario lectivo apura por lo que se estima que se concretará a mediados de esta semana. Lo que si está confirmado son los participantes que serán las autoridades de los cinco gremios docentes, el secretario de Educación, Carlos Torrendell y el de Trabajo, Omar Yasín.
Antes de esto y en medio de las tirantes negociaciones que llevó a los dirigentes de Ctera a amenazar con no iniciar las clases, desde el Gobierno aclararon con vehemencia que no se trata de una reunión para negociar paritarias sino que será un encuentro para discutir el piso de los salarios educativos. “No hay paritarias nacionales, lo que se arregla es el piso salarial, después cada jurisdicción si quiere y puede pagar más, lo hace”, señalaron desde la Casa Rosada.
“La educación es una responsabilidad provincial”, fue la respuesta que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, al recibir el reclamo de los ministros de Educación de las distintas provincias. Esa es la línea que siguen con firmeza desde el Gobierno nacional donde insistieron con la responsabilidad de las provincias como empleadores de los docentes y administradores de las escuelas.
Esta misma postura mantuvo el presidente Javier Milei la semana pasada cuando remarcó que se trata de “un problema de los gobernadores de cada provincia. Nosotros tenemos una cuestión, fijar precios mínimos no nos gusta”.
Desde el interior del gobierno se manejarían dos opciones diametralmente opuestas. Algunos funcionarios están confiados y si bien reconocieron que la negociación será dura estimaron que se va a llegar a un acuerdo ya que “a nadie le conviene que no comiencen las clases”, aseguraron. Pero otros no son tan optimistas y deslizaron que puede pasar los mismo que con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y abandonar el encuentro sin ningún acuerdo.
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Por otro lado, más allá de la responsabilidad de cada jurisdicción a la hora de negociar las paritarias, el Gobierno nacional se encuentra enfrentado a los provinciales por el reparto de fondos que la Nación destina a educación, principalmente por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El FONID, es un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para complementar los sueldos docentes, estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez. Este fue uno de los puntos que desató la amenaza de paro por parte de los gremios.
Si bien desde el Gobierno aún no confirmaron que ocurrirá con el incentivo durante este año, el vocero presidencial, Manuel Adorni sostuvo que “el Fondo de Incentivo Docente no se va a transferir porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo”.
Ante los reclamos sindicales que dejaron en suspenso el inicio de clases en más de un distrito, desde el Gobierno nacional trabaja en un decreto para declarar la actividad como un “servicio esencial” y así garantizar que no se pierdan por completo los días de clases.
Se trata de un iniciativa que había sido incluida en el proyecto de la Ley Ómnibus -que terminó siendo retirada de la discusión parlamentaria- y también por medio del mega decreto 70/2023, cuyo capítulo laboral fue judicializado.
Pero desde el Gobierno seguirán con sus intentos de declarar a la educación como oficial, de lograrlo los días de paro o medidas de fuerza los docentes deberán garantizar una prestación mínima como sucede en otras áreas también esenciales.
“La educación es una responsabilidad provincial”, fue la respuesta que tuvo el ministro Francos
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