Piden revisar el fallo que favoreció a Calcaterra

El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, analizan por estas horas recurrir el fallo de la Cámara de Casación que le permitió al empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ir a juicio oral y público en el caso de “los cuadernos de las coimas” al considerar que los pagos que realizó a exfuncionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos.

La idea es que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que recibía y cobrara sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.

Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial.

Calcaterra era el dueño de la empresa Iecsa dedicada a la realización de obras públicas durante el krichnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de sorterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió a Marcelo Mindilin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra de Calcaterra siguen abiertas.

Unas 24 horas antes de beneficiar a Calcaterra, los jueces decidieron además abrir el recurso de queja de los empresarios Hugo Dragonetti, Armando Loson y Joreg Balan, que plantearon el mismo argumento: que los pagos que efectuaron a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron una solicitud de fondos para financiar la campaña electoral.

De prosperar estos recursos, que deben ser tramitados en la Cámara con audiencias publicas donde las partes exhiban sus argumentos, estos ejecutivos también evitarían el juicio oral, en una seguidilla que puede alcanzar a otros empresarios que hayan sostenido la misma línea de defensa.

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Recurrir el fallo de la Casación requiere de decisión política, pero también de una afinada técnica jurídica. Solo prosperan los recursos que planteen un cuestión federal