El Estado debe velar por la igualdad de derechos de las personas mayores

Debiera quedar en claro que no existe explicación ni justificación posibles frente a la realidad de que las personas más indefensas de nuestra sociedad, es decir los mayores de edad, vean retaceada su calidad de vida.

Cuando se habla, entonces, del derecho a la salud y a la vida, se alude principalmente a obligaciones esenciales del Estado, consistentes en darle vigencia no sólo al principio de igualdad ante la ley sino en allanarle a esa franja los obstáculos que impiden la vigencia de esa y otras garantías constitucionales.

Sin embargo, últimos sondeos realizados en nuestro país sobre la situación de los mayores de edad suma indicadores negativos. Es así que un informe realizado por la Red Argentina de HelpAge International Red Global da cuenta de las adversidades que atraviesan las personas de mayor edad no solo por el aumento de precios debido a la inflación y el recorte presupuestario de políticas que los beneficiaba sino, además, a la profundización de discursos de discriminación e invisibilización que impactan sobre el goce de derechos fundamentales, sobre todo los que tienen que ver con el acceso a la salud.

La investigación –publicada en este diario en ediciones anteriores- resalta que el impacto de la pobreza en las personas mayores en Argentina afecta al 73 por ciento de la población adulta de más de 61 años y gráfica que la pérdida del poder adquisitivo en el primer trimestre de 2024 fue del 28 por ciento para los haberes que cobran bonos complementarios y del 42 por ciento para los que no.

En este contexto, las personas mayores son fuertemente afectadas no solo por el descomunal incremento de las tarifas de servicios (de hasta un 561 por ciento en el caso del gas, por ejemplo) y alimentos sino también por el aumento de los medicamentos más utilizados (150 por ciento en cinco meses, desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024), lo que ha llevado a una alarmante disminución de la compra de las medicinas recetadas (17 por ciento).

La mencionada entidad se encuentra integrada en nuestro país por representantes de diferentes entidades nacionales que trabajan en defensa de las personas mayores, entre ellas AMIA, Asociación Mutual de Protección Familiar, Centro sobre Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud, Fundación Crisálida Tucumán, Fundación Navarro Viola, Fundación RAFAM, Fundación SIDOM, Fundación León, Mayores en la Diversidad, Red Mayor La Plata, Surcos Asociación Civil y Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.

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El informe destaca que los mayores no sólo sufren penurias de índole económica sino que los define como “pobres de derechos”, porque no pueden ejercerlos plenamente, algo que les impide vivir con dignidad. No debiera ser necesario extenderse en la diversidad de barreras que se ven obligados a trasponer –o que directamente no pueden hacerlo- cuando existen en el mundo desarrollado mecanismos y alternativas que sirven para superar esos obstáculos.