Más de la mitad de los presos universitarios bonaerenses estudian en la UNLP

Hacía muchos años que nadie recordaba el nombre de Luis Fernando Iribarren, aunque se trate de uno de los mayores asesinos múltiples de la historia penal argentina. En 1986, después de una discusión, mató con certeros disparos de una carabina vizcachera a su padre, a su madre, a su hermana y a su hermano, en la casa de campo que tenían en la zona rural de Tuyutí, a 20 kilómetros de San Andrés de Giles. Pudo ocultar la desaparición de su familia inventando que habían viajado a Paraguay para escapar de viejas deudas. Y, por aquel entonces, sin internet ni teléfonos móviles, a los vecinos no les quedó más opción que confiar en la versión de ese jovencito que no tenía pinta de peligroso.

Nueve años pasó impune, hasta que en 1995 mató a su tía, con la excusa de que ya no podía verla sufrir por una enfermedad terminal: “No tuve el coraje de dispararle con el arma porque me acordé de lo que les había hecho a mis padres y a mis hermanos, y no soportaría hacerlo de nuevo. Por lo que seguí buscando otro objeto. Al llegar al patio vi el hacha. En realidad, había dos hachas. Tomé la que tenía el mango más largo y me dirigí a la habitación de mi tía. Me paré al costado de la cama y le pegué dos golpes en el costado izquierdo de la cabeza”, contó Iribarren, confesando en ese mismo acto la masacre.

El 21 de agosto de 2002 lo condenaron a perpetua por los cinco crímenes, pero tan por debajo del radar pasaba, que hasta tenía una cuenta de TikTok en la que se presentaba como abogado: de hecho, lo era. En esa red social publicó su colación de grado en 2022, junto con otros videos en los que hablaba de casos criminales, de homicidios, el caótico tránsito platense y hasta se preguntaba si un hombre que mató a su familia entera podría reinsertarse en la sociedad. La Justicia creía que sí.

En noviembre de 2021 lo autorizaron a tener salidas transitorias de la cárcel durante 24 horas. Tres meses después, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes le revocó el beneficio, pero, en agosto de 2023, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de esa ciudad lo habilitó a ir a cursar distintas materias de las carreras de Ciencias Económicas y Periodismo, los martes, jueves y viernes, de 8 a 10, de 11.30 a 15.30 y 18 a 20.30, respectivamente. Podía acceder a esas salidas educativas sin custodia y con el monitoreo de un geolocalizador. ¿Qué podía salir mal?

El jueves 28 de agosto pasado dijo que iba a la Facultad de Ciencias Económicas, pero no volvió a la Unidad Nº 26 de Olmos donde estaba alojado. Se trata de una cárcel de régimen semiabierto.

El 8 de septiembre, la División Búsqueda de Prófugos de la PFA lo capturó en la localidad santiagueña de Villa Atamisqui, donde vivía en una cabaña que le alquiló a un guía de pesca, con Sari, la perrita que crió desde cachorra y lo acompañaba en el penal.

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Lo que todavía nadie puede explicar es cómo hizo el “El Carnicero” para financiar toda la fuga, incluida la compra de una camioneta y el derrotero de viajes en taxis, con dinero en efectivo y después de pasar 29 años preso.

Lo cierto es que la justicia resolvió ahora trasladarlo a la Unidad 6 de Rawson, una cárcel de máxima seguridad dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Además de refrescar la historia de Iribarren, este caso reabrió el debate en torno a los beneficios educativos para los detenidos en las cárceles.

No es la primera vez que un preso de alta peligrosidad saca provecho de una ventaja que, en términos generales, ayuda a la reinserción social.

El 28 de junio de 2013, Shiva Narada Benítez Díaz, condenado por robos y secuestros exprés, se fugó de la Facultad de Derecho de la UBA, a donde concurría a estudiar con cuatro guardias armados. Aquel día le sacaron las esposas, entró a cursar y no lo vieron más. Tres meses tardaron en encontrarlo y lo lograron casi de casualidad. Alguien de su entorno pensó que había una importante recompensa por él y lo entregó.

Ni hablar de algunos incidentes graves, como el ocurrido en octubre de 2022 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la UNLP, cuando un preso de la Unidad 35 de Magdalena, que había sido trasladado para rendir un examen, intentó escaparse corriendo. Los agentes penitenciarios salieron a buscarlo y en ese rastrillaje retumbaron dos tiros, supuestamente de armas cargadas con balas de goma. Lo atraparon y no hubo heridos.

Números en foco

Ante una consulta de este diario, el Servicio Penitenciario Bonaerense detalló que, actualmente, cursan carreras de grado 2.245 detenidos, 1.512 de los cuales estudian en la UNLP; 319 en la Universidad Nacional del Centro (UNICEN); 132 en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); 130 en la Universidad Nacional del Sur (UNS); 82 en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); 53 en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) y 17 en la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Del total, 20 son monitoreados por el sistema de GPS cuando egresan de la cárcel hacia la facultad: 16 concurren a Ciencias Sociales, 2 a Humanidades y 2 a Comunicación Social, todas de la UNLP.

Además de abogado penalista, Marcelo Peña, ha dado clases ad honorem en algunas unidades penitenciarias de La Plata, como la 18, la 25 o la 12, en un marco de colaboración gestionado por el SPB con profesionales externos, para apoyo de los internos que estudian.

“Los ayuda a optimizar la continuidad de su estudio y lograr excelencia académica, cosa que para un interno es muy difícil, porque tiene limitada la bibliografía y la utilización de internet, más allá de que pueda tener, o no, un celular”, explica Peña.

No pasa por alto, claro, que a la decisión de estudiar también la alimenta “la conveniencia del beneficio que se llama estímulo educativo y la posibilidad de lograr una reducción de la pena”. Por eso, –admite- “siempre sugiero “que trabajen y estudien en talleres, incluso por la salida laboral, que resulta muy difícil”, una vez que salen de la cárcel. En este punto rescata el sistema de convenios que rubricó el SPB con algunas empresas, para capacitar a los internos en oficios.

Entre beneficios y “aprietes”

El lado B del estímulo educativo a cambio de ciertos beneficios es que algunos internos presionan a los profesores para que los registren en los listados, aún sin asistir a las clases, según reveló –en off- un docente que debió soportar algún que otro “apriete” cuando se negó a hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los que estudian pretenden para aprovechar el tiempo, o, en el caso de quienes eligen la carrera de Derecho, ejercer su propia defensa.

Otro abogado penalista, Flavio Gliemmo, admite que en su rol de defensor suele aconsejarles a sus clientes que estudien o aprendan un oficio: “Cuando sabemos que van a estar presos un tiempo considerable, nosotros mismos se lo sugerimos porque es la manera de optimizar el tiempo, de resocializarse, reeducarse y evitar problemas dentro de las unidades. También para salir de un control estricto o férreo de seguridad en el penal”. Este perfil de internos, dice el letrado, trata de formarse, trabajar y cuidar su cuerpo. Sabe que por muchos años esa será su vida.

Confirma Gliemmo que el detenido “que trabaja tiene beneficios dentro del penal y el que sigue una carrera está en un ámbito de estudio. Siempre les sirvió y no conozco ninguno que haya utilizado el estudio como una herramienta para tener posibilidades de fuga. Todo lo contrario. Los que saben que van a estar detenidos por mucho tiempo lo utilizan también para tener una oportunidad de trabajo una vez que salgan”, ya que, coincide Gliemmo, el afuera es “muy complicado si no tienen ayuda”.

Gliemmo fue uno de los defensores de Agustín Arrien, condenado a 24 años de prisión por violar y matar a balazos, en 2005, a la nutricionista Ana María Rossi. En agosto pasado, el juez José Villafañe le concedió la libertad condicional a Arrien, teniendo en cuenta la “buena conducta” en salidas transitorias y en distintas unidades carcelarias”, su trayectoria educativa en contexto de encierro, donde formó parte de distintas actividades y además incursionó en la Facultad de Derecho y en Periodismo, ambas de la UNLP; la integración en tareas laborales una “actitud cordial y respetuosa” en el plano de lo psicológico. También influyó que el propio Gliemmo propuso que Arrién trabaje en su estudio jurídico una vez que se reciba.