"Preocupación y profundo rechazo": ingenieros y el conflicto ante el freno en varias obras en La Plata

En La Plata, el Decreto 2732/25 firmado por el Ejecutivo municipal generó un fuerte malestar en el sector de la construcción privada. La medida, que suspende por 30 días la mayoría de las tramitaciones técnicas necesarias para aprobar proyectos de obra, provocó un inmediato rechazo por parte de la Subcomisión de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros Distrito V, que decidió expresar públicamente su postura ante lo que consideran un freno injustificado y perjudicial para la actividad profesional.

El freno temporal a los permisos se da en el marco de la inminente presentación de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), que será tratado en el Concejo Deliberante. Desde el municipio se argumenta que la suspensión busca evitar que ingresen expedientes bajo la normativa vigente que puedan obtener ventajas antes del cambio normativo. Sin embargo, para los ingenieros, esta explicación no alcanza para justificar el impacto que ya está generando la medida en el trabajo diario de los matriculados.

En un comunicado contundente, la Subcomisión señaló su “grave preocupación” y un “profundo rechazo” al decreto, al que considera una afectación directa al derecho al trabajo. Aseguran que la medida instala un escenario de incertidumbre que impide a los profesionales asesorar de manera adecuada a sus comitentes, planificar proyectos o sostener los cronogramas de obra. Sostienen, además, que el freno genera una reducción inmediata del empleo y un desincentivo a la inversión en el partido de La Plata.

El comunicado también marca distancia respecto del proceso de elaboración del nuevo COUT. Aunque la institución participó regularmente en las reuniones del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, aclaran que no formaron parte de la redacción final del articulado presentado por el Ejecutivo. Según los ingenieros, los cambios propuestos en el nuevo marco regulatorio podrían generar una disminución significativa en las oportunidades laborales del sector, agravada por la inseguridad jurídica que –afirman– ya afecta a toda la cadena de valor de la construcción.

Los profesionales sostienen que no se oponen a la actualización del código urbano, pero rechazan que esta transición implique paralizar proyectos en trámite o suspender actividades esenciales para la continuidad del sector. Advierten que el freno no solo afecta a los ingenieros, sino también a empresas constructoras, desarrolladores, trabajadores de obra e inversores que se encuentran a la espera de definiciones.

En su declaración pública, la Subcomisión reafirma su voluntad de seguir participando en el COUT y de presentar las modificaciones necesarias para defender tanto el interés común de la sociedad como el ejercicio pleno de la profesión en todas las ramas de la ingeniería. 

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