Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros

La Cámara Federal de Casación resolvió ayer el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa por la contratación de seguros durante su gobierno. Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien era la ex secretaria privada del ex mandatario. Lo fue durante años e incluso lo acompañó cuando asumió la presidencia.

Para el Tribunal hubo “participación directa” de Fernández en la trama delictiva. Sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del entonces Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública. Son todos ex funcionarios y directivos de Nación Seguros.

Así lo definieron los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia parcial de Eduardo Farah.

El Tribunal de Apelaciones confirmó así los procesamiento que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello durante la etapa de instrucción, en la causa en la que intervino el fiscal federal Carlos Rívolo.

LE PUEDE INTERESAR

Dictamen para el Presupuesto y la ley Impositiva bonaerense

LE PUEDE INTERESAR

Interna caliente del PJ: Mayra Mendoza, una “opositora responsable”

De esta manera, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante el “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA” durante la gestión del gobierno del Frente de Todos.

Por otro lado, Casación revocó ocho procesamientos, del mismo modo que lo hizo con dos cooperativas. En la causa se investigan las motivaciones del decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios como Martínez Sosa -esposo de su secretaria-, quien terminó siendo el mayor beneficiario de esas maniobras.