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El nuevo conflicto que se desencadenó va más allá de una interna electoral. En puja, el manejo de más de $220 mil millones
LA SESIÓN PREPARATORIA DEL MARTES EN LA CÁMARA BAJA /N. BRAICOVICH
Axel Kicillof y la conducción de la Cámara de Diputados bonaerense que ejerce la sociedad sellada por el kirchnerismo y el Frente Renovador, elevaron aún más su nivel de enfrentamiento. Ya no se trata de una disputa política por la estrategia electoral ni por las aspiraciones presidenciales del Gobernador: ahora, lo que está en juego es la independencia total que pretenden los legisladores respecto del manejo de recursos millonarios.
En el fondo, de eso trata el nuevo capítulo de la pelea que está escribiendo la interna peronista. La Cámara votó junto a su presupuesto una serie de artículos que obligaban al Ejecutivo a transferirle los recursos en forma diaria, por goteo, tal como reciben la coparticipación los municipios. El Gobierno puso el grito en el cielo y vetó ese capítulo controvertido.
“Lo que hizo Kicillof es inconstitucional, no se puede vetar el presupuesto de las cámaras”, braman en Diputados. En el Ejecutivo esquivan ese argumento y sostienen que no se trató de un veto total sino de la observación de los artículos que iban en contra de la ley de Administración Financiera.
La polémica está planteada. Hizo ruido, pero a lo mejor no debería sorprender: al votar el endeudamiento por 3.500 millones de dólares que pidió Kicillof, la Legislatura se atribuyó la potestad de definir cómo llegarán parte de esos recursos que se terminarán derivando a los municipios.
Es decir, le quitó atribuciones al Gobernador respecto del direccionamiento de una serie de obras para los distritos. Será una comisión bicameral la que tendrá la última palabra.
Pero la Cámara baja, buscó ir por más. Bajo la sombra de una disputa interna sin retorno, le quiso marcar la cancha a Kicillof sobre la forma en que debía transferirle los fondos. El Gobernador vio en ese movimiento un recorte de sus atribuciones. Incluso, dicen en la Ejecutivo, se iba a terminar instaurando un privilegio respecto del Senado. “¿Con qué cara le van a explicar a docentes y policías que los gastos de los diputados son más importantes que los salarios de estos agentes”, se preguntan entre rechazos e ironías.
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Lo cierto es que la Cámara de Diputados bonaerense es una de las cajas políticas más poderosas de la Provincia. El presupuesto para gastar en 2026 es nada menos que $222.800.000.000 pesos, una cifra enorme que rara vez se condice con un trabajo legislativo frondoso y productivo, como sucedió el año pasado, tal como lo reflejó recientemente este diario.
Ahora su presupuesto, desató un nuevo conflicto en el propio oficialismo. La forma en que se gasta y los recientes escándalos que tienen que ver con el uso de designaciones para apropiarse de sueldos de personal que volvieron a salir a la luz con el caso protagonizado por Julio “Chocolate” Rigau, tiñen de opacidad ese manejo de recursos públicos.
“La casa”, como se la define entre los propios diputados a la Cámara que los alberga acaba de volver a quedar en la mira en medio de la disputa política que cruza al peronismo. La idea de los diputados era quedar a salvo de una eventual reducción de gastos que pudiera sobrevenir durante el año en función de la delicada situación financiera por la que atraviesa la Provincia que, vale recordar, sigue sufriendo la discriminación de fondos de Nación, que le da lo estrictamente regulado por ley, recibiendo per capita uno de los porcentajes más bajos del país.
Esa iniciativa fue promovida por los diputados de La Cámpora y del Frente Renovador massista, pero acompañada por diversas bancadas de la oposición que, a la hora de discutir los recursos y su distribución, se mueven en tándem más allá de las pertenencias partidarias. Como si en Diputados, más allá de las discusiones públicas, existiera un poder propio compartido y multipartidario dentro de la Legislatura.
Sobre este punto debería hacerse una salvedad: no todos los diputados tienen acceso al expediente del presupuesto de la Cámara a la hora de votar. Es un documento que circula, reservado, por muy pocas oficinas. Tanto, que muchos diputados se enteraron del conflicto con Kicillof por la distribución de los recursos cuando empezó a trascender puertas afuera. El propio Gobierno bonaerense, aseguran fuentes oficiales, se desayunó de la novedad cuando les llegó la ley para su promulgación. Otro aspecto que revela la opacidad con la que se maneja la Cámara baja.
Y más allá de aquellos acuerdos, lo cierto es que Diputados tiene una abultada dotación de personal. Según se detalla en el propio presupuesto para el año que viene sancionado hace algunas semanas, cuenta con 1.154 empleados de planta permanente. Se trata de un número altísimo en comparación con el trabajo cotidiano y el espacio físico con que cuenta el propio edificio de la Cámara para albergarlos.
Pero hay más. Se suman 210 agentes de planta permanente sin estabilidad y 359 empleados temporarios. La dotación se completa con los 92 diputados y 10 funcionarios de ley (secretarios y prosecretarios, entre otros). En total, Diputados gasta para pagar sueldos 150 mil millones de pesos, el 67,3 por ciento del total de los recursos.
Si se dividiera el total del presupuesto por cada uno de esos diputados, la cuenta arroja que cada uno de ellos le termina “costando” a la Provincia 2.421 millones de pesos.
Una de las preguntas recurrentes que se hace la ciudadanía tiene que ver con el sueldo de los diputados. Fuentes inobjetables aseguran que, en bruto, perciben cerca de 8 millones de pesos por mes. Y que, con los descuentos de rigor (jubilación, IOMA y aportes a sus propios partidos), el ingreso termina cayendo alrededor de 5,5 millones de pesos.
Los diputados tienen otras atribuciones administrativas: Una de ellas es la designación de asesores. Para eso disponen de los denominados módulos, unos 3 mil, para nombrar colaboradores. Así, por ejemplo, un nombramiento en la categoría 19 escalafón equivalente a 300 módulos, representa un sueldo de 1,5 millones de pesos. “En general, los nombramientos pueden ser 5 con sueldos de 1,5 millones o 6 ó 7 con ingresos de 1 millón”, sostienen las fuentes consultadas por este diario.
Claro que estas prerrogativas se amplían para los casos de autoridades de Cámara (presidente y vicepresidentes) y titulares de bloques.
Además de la partida de Personal que, como se dijo, asciende a 150 mil millones de pesos, existe otra también abultada. Se trata de “servicios no personales” que asciende a 41.000 millones de pesos.
En ese rubro habría que anotar los pagos a empresas de limpieza, alquileres, publicidad, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento o consultorías externas. No existe un detalle respecto de cuántos recursos se destinan a cada uno de esos servicios.
Hay otra partida de 3.800 millones de pesos para “bienes de consumo” que tiene que ver con la compra de alimentos, ropa, combustible y papelería, entre otros rubros.
Aparece una cuarta partida de peso: “Transferencias”. Suma 25 mil millones de pesos y se supone que tiene que ver con el pago de subsidios.
Finalmente, el presupuesto de Diputados asigna 3 mil millones de pesos para “Bienes de uso”, que se supone es para la compra de vehículos y elementos de computación, entre otros.
En definitiva, se trata de una cifra millonaria, elaborada en una cocina política de la que participan pocos y cuya ejecución aparece rodeada de misterio y dudas. El caso “Chocolate” exhibió en su formato más grosero, el opaco manejo de esos fondos que aportan todos los bonaerenses.
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