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Ricardo Gil Laavedra
El Colegio Público de la Abogacía porteño junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una encuesta a más de dos mil abogados matriculados en la ciudad de Buenos Aires, sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
El presidente del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, destacó que “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”. Más del 40 por ciento de los matriculados encuestados considera que los montos se fijan por debajo, percepción que se repitió en los distintos fueros.
El excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura recalcó: “La Justicia es muy importante en una democracia constitucional, los poderes políticos tienen que entenderlo, y trabajar junto a jueces, juezas, abogados y abogadas en el fortalecimiento de su adecuado funcionamiento”.
Por su parte, la codirectora de ACIJ, Celeste Fernández agregó que “la voz de abogadas y abogados es clave para repensar nuestro sistema de justicia: sus fortalezas, sus debilidades, sus desafíos y las áreas de mejora que deben considerarse prioritarias”.
“El Poder Judicial solo podrá cumplir su misión si se dispone a escucharlas”, sentenció.
Se trabajó sobre cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales. También se incluyeron dos preguntas de carácter general sobre la satisfacción con el sistema de justicia y sobre los niveles de independencia de jueces y juezas.
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Un foco importante de críticas se situó en los tiempos procesales, un 75 por ciento de los abogados y abogadas encuestados calificó los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos”, atribuyendo las demoras a la falta de eficiencia del personal judicial y a deficiencias organizativas dentro de los juzgados.
Al respecto, Gil Lavedra indicó que “hay soluciones técnicas para eso, sin perjuicio de la increíble omisión del Ejecutivo respecto del 40 por ciento de las vacantes, que impide que el sistema funcione”.
El informe final adjunto se basó en la encuesta que fue anónima, autoadministrada y voluntaria. El cuestionario sumó 47 preguntas, entre obligatorias y optativas, y contempló ramificaciones según las respuestas brindadas por cada participante, lo que explica que no todos respondieran la misma cantidad de interrogantes. La difusión se realizó por redes sociales, los sitios web de ambas instituciones, y una carta personal del titular del CPACF. Se recibieron respuestas entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 y los resultados que se presentan se obtuvieron en base al análisis de 2.118 casos.
Finalmente, Gil Lavedra subrayó que “hay que mejorar la opinión sobre la calidad de las resoluciones judiciales”; y concluyó que “con las limitaciones de todo relevamiento de opinión, la consulta a la abogacía sobre el funcionamiento de la justicia que hicimos con ACIJ revela que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para fortalecerla”.-
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