Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia fueron imputados / web
Imputan a “Chiqui” Tapia y a Toviggino por una millonaria retención de aportes en la AFA
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El fiscal Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente y al tesorero de la casa del fútbol argentino por una presunta evasión
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia fueron imputados / web
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la organización, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad del fútbol y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es el expediente en que la DGI reclama a las máxima autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.
Se trata de la primera de las tres causas que revolotean en torno a Tapia y los suyos, si se cuentan la de Sur Finanzas y la de la fastuosa mansión de Pilar. Ahora, Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podrían terminar procesados por delitos de retención de aportes jubilatorios, de Ganancias e IVA.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial imputó a Tapia “en su carácter de Presidente y administrador de clave fiscal” de la entidad. Y además, por la extensión de la estructura societaria y económica de la AFA y los importes involucrados “torna indispensable extender la investigación también a Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo”, que integran la comisión directiva de la Asociación, según trascendió. Malaspina es otro de los dirigentes muy vinculados con empresas que giran alrededor de Toviggino.
La causa se inició por la denuncia formulada por la Jefa (Int.) de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla que los responsables de la contribuyente AFA “habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no los habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4º y 7º del Régimen Penal Tributario (ley 27.430)”.
El documento asegura que la AFA actuó como agente de retención, descontando impuestos y cargas sociales a terceros, y se financió con esos fondos. La denuncia original hablaba de 7.500 millones de pesos de evasión, pero la imputación le suma 11.759 millones de pesos porque incluye más tiempo del presunto delito y más ítems.
Según la denuncia, para ARCA existió dolo (intención) porque la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
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Paralelamente a este tema, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se reunió ayer al mediodía con el flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para solicitarle un informe técnico sobre la compleja malla societaria ligada a la fastuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer en los hechos a Toviggino.
El juez viene investigando el tema, que cobró amplia repercusión sobre todo cuando se conoció la flota de autos de lujo que había dentro de la mansión del barrio Villa Rosa. Para el mediodía del lunes está prevista una reunión virtual entre Aguinsky y Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que aparecen como titulares de la firma Real Central SRL, la sociedad dueña del establecimiento y de la millonaria colección de vehículos.
En el encuentro, los imputados podrán presentar un descargo oral o escrito.
En la reunión de ayer, Mengochea -como representante de la DGI- recibió de manos del juez un oficio con el que se le solicita al organismo que, en su papel de auxiliar de la Justicia, elabore un estudio económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central.
Trascendió que habría otras cuatro sociedades ligadas: Malte SRL, que trabó vínculos comerciales con la AFA y fue dueña formal de la casa quinta investigada entre junio de 2023 y mayo de 2024; Soma SRL, de la que forma parte un miembro de la familia Toviggino y está ligada societariamente a la anterior, a través de un dirigente de la AFA, Mauro Javier Paz; Wicca SAS, propiedad de la ex secretaria de finanzas de la AFA y actual empresaria vitivinícola, María Florencia Sartirana, y del ex director general ejecutivo de la entidad deportiva, Juan Pablo Beacon; y Mendoza Wines.
Esta medida de Aguinsky es en respuesta a un pedido del fiscal Navas Rial quien, además de la cuestión de las deudas previsionales, estaría buscando identificar la existencia de un presunto delito de lavado de dinero. A priori, es clara la gran “asimetría” que existe entre los perfiles económicos de los propietarios y los lujos de la quinta pilarense, que cuenta con helipuerto y un haras.
El juez dispuso levantar la feria de enero para poder avanzar en la causa. La hipótesis que sigue la Justicia es que tanto la quinta como los bienes millonarios que se exhibieron con los allanamientos -cuando la causa todavía estaba en manos del juez Daniel Rafecas- podrían formar parte de una maniobra de lavado de activos, una figura penal que exige un hecho precedente.
Ahora, los investigadores están detrás de la “fuente” de todo ese dinero, bajo la firme sospecha de que no pueden pertenecerle ni a Pantano ni a Conte.
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