Detectan que el PO desviaba dinero que era para planes

La Justicia tendría elementos suficientes para probar en un juicio oral que parte de los millonarios fondos que el Estado le transfirió en los últimos cuatro años al Polo Obrero (PO) para acciones como planes sociales fue desviado para actividades de campaña política.

Así surge del frondoso dictamen en el que el fiscal Gerardo Pollicita le apuntó a algunas de esas maniobras que salpican al titular del PO, Eduardo Belliboni, para quien pidió el envío a juicio oral. Además, aparece involucrada, entre otras empresas, la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos”, que habría desviado más de 31 millones de pesos a través de 179 facturas presuntamente apócrifas. La hipótesis de la Justicia es que la imprenta era una pantalla para, a través de la falsa prestación de servicios al PO, terminar desviando los recursos del Estado.

Según trascendió, el socio gerente de “Rumbos”, Roberto Albornoz, fue aportante de al menos dos campañas del PO. Según informó la Cámara Electoral, el 31 de diciembre de 2020 entregó $480.000 y un año más tarde hizo un aporte de $1.100.000, equivalentes en ese momento a unos 10 mil dólares. Las sospechas aumentaron con el allanamiento a la sede de “Rumbos”. En uno de los domicilios informados por la compañía se encontró una vivienda particular; en otro, un local del PO. En este marco, el fiscal Pollicita pidió que Belliboni, junto a otras 17 personas, sea enviado a juicio oral y público por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en “al menos una parte de los fondos públicos obtenidos ilícitamente, que fueron aplicados en beneficio particular, tanto en provecho propio como en el financiamiento de su actividad político-partidaria”, advirtió el representante del Ministerio Público.