Reducción del Impuesto Inmobiliario Rural beneficiará a productores agropecuarios en Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que, en 2025, los productores agropecuarios enfrentarán una reducción en el Impuesto Inmobiliario Rural. La medida, que busca aliviar la presión fiscal sobre pequeños y medianos productores, se debe a la conservación de valores nominales, la implementación de bonificaciones y el impacto de la inflación.

Según detalló la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), la primera cuota del impuesto en 2025 tendrá el mismo valor nominal que la de 2024, lo que, ajustado por inflación, implicará una reducción en términos reales. Además, se reintroducirán beneficios para los contribuyentes cumplidores, como descuentos del 5% por buen cumplimiento, hasta un 15% por pago anual anticipado y 5% adicional por débito automático.

“El esquema impositivo refleja la intención del gobierno de Axel Kicillof de aplicar mayor progresividad en la estructura del impuesto, diferenciando la carga fiscal según la capacidad contributiva de los propietarios”, comunicó ARBA.

En la provincia de Buenos Aires existen 309.400 partidas rurales sujetas a este tributo. En el segmento de menor valuación, que abarca aproximadamente el 50% de las partidas, la reducción del impuesto alcanzó el 87% en los últimos años. Para el 40% de las propiedades con valuación media, la baja fue del 19%, mientras que el segmento con mayor valuación experimentó una reducción más moderada del 5,6%.

Los efectos de la inflación también jugarán un rol clave en la menor presión fiscal. De acuerdo con estimaciones de una inflación anual del 70%, un productor que pagó $100.000 en 2024 podría reducir su pago a $85.000 en 2025 con los descuentos aplicables, lo que en términos reales significará un alivio impositivo significativo.

En paralelo, la Justicia bonaerense rechazó un recurso presentado por productores rurales que solicitaban el recálculo del Impuesto Inmobiliario Rural 2024. La sentencia, dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Azul, ratificó la legalidad del esquema tributario implementado por ARBA y desestimó los reclamos sobre presunta confiscatoriedad.

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“Lamentablemente, desde la oposición hicieron un uso político del tema, con Espert y dirigentes del PRO llamando a la rebelión fiscal. En los hechos, lo único que lograron fue hacerles perder plata y tiempo a un grupo de productores”, criticó Cristian Girard, director de ARBA.

El funcionario también defendió la actuación del organismo y aseguró que “la Justicia resolvió que no había ninguna ilegalidad en el proceso de emisión de impuestos y rechazó el planteo de los productores. Quédense tranquilos que ARBA está emitiendo los impuestos según establece la ley”.