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Tras anunciar que la quita de la jubilación de privilegio, el Gobierno denunció a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” al sostener que percibía una bonificación por declarar que vivía en zona austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, que solicitó ser parte querellante en la causa, presentó una denuncia penal por presuntos delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la ex vicepresidenta a la que acusan de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.
Los denunciantes Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, detallaron en la denuncia que la bonificación de zona Austral solo pueden ser percibida por quienes tengan “residencia efectiva o radicación real” en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires".
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“En el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, especificaron.
En la misma línea, aseguraron que el cobro de dicho beneficio constituyó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.
Como viuda del exmandatario Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total en bruto de $35.255.297,73, lo que desde el Gobierno aclararon que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65.
El titular de ANSES, Mariano De Los Héros, anunció el 17 de noviembre denunció que la exfuncionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, por lo que percibía un suplemento de zona austral que suma 6.354.523 de pesos mientras vivía en Buenos Aires.
En sintonía, a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo estableció que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.
En el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas acusan a la ex vicepresidenta de “haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente)".
También la culpan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL esas declaraciones juradas con datos falsos”.
En el documento de 18 páginas aclaran que además el beneficio fue cobrado de manera mensual desde enero del año 2016 hasta noviembre de 2011, y que la percepción de las bonificaciones "habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.
La ANSES calificó el accionar de la dos veces mandataria como “un acto de corrupción” amparados por los Convenios Internaciones como la Convención Interamericana contra la Corrupción –CICC- de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -CNUCC-, adoptada en el año 2003.
Ante eso, solicitan que el juez constante:
* Las asistencias de la titular del Senado para verificar su asistencia durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
* Que el Banco Central de la República Argentina informe la radicación de los movimientos de cuenta de Cristina Kirchner durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
* Que el Ente Nacional de Comunicaciones informe la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la exmandataria.
* Pericias caligráfica para constatar la solicitud de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social para percibir la bonificación.
* Pericial Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la ANSES
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