Qué pro y contras trae la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias

El Gobierno nacional decidió crear la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS). Este nuevo organismo autárquico funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y tendrá la facultad de evaluar, de manera integral y comparativa, el valor y la contribución de los nuevos medicamentos, tratamientos y procedimientos a la mejora de la salud.

La función principal del nuevo organismo será evaluar con rigor científico qué tecnologías son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización. La polémica está en que tendrá la responsabilidad de evaluar la seguridad, eficacia y costo-efectividad de medicamentos, tratamientos y tecnologías médicas, antes de su incorporación al sistema de salud financiado con recursos públicos.

Trabajará de manera articulada y complementaria con la ANMAT y se encargará de determinar la oportunidad, el modo y uso apropiado de una tecnología, y la documentación necesaria, mecanismos, aranceles y criterios de priorización de los procesos de evaluación. Si bien el beneficio clínico será un elemento clave en la evaluación, también tendrá en cuenta criterios de calidad, eficacia, seguridad, eficiencia, equidad, valorización ética, médica, económica y social para determinar el costo-beneficio de la incorporación de la nueva tecnología.

La ANEFiTS también buscará ordenar y simplificar el entramado de normas que conforman el marco regulatorio vigente eliminando la superposición de organismos, la duplicación de funciones y la burocracia innecesaria. Con este objetivo, absorberá las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) y del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS) y concentrará la totalidad de las competencias en materia de evaluación de tecnologías a fin de evitar pronunciamientos contradictorios, discrecionalidad en la toma de decisiones y el dispendio de recursos.

Finalmente, la nueva agencia colaborará con la reducción de la judicialización de la salud. "El sistema actual permite que se impongan tratamientos de altísimos precios al Estado, sin un análisis técnico previo, que son trasladados a los contribuyentes. Mediante criterios científicos y económicos claros, la nueva agencia establecerá qué tratamientos se deben financiar con recursos públicos, evitando fallos judiciales arbitrarios no basados en evidencia científica que distorsionan el sistema", expresaron desde el Gobierno nacional.

La ANEFiTS estará encabezada por un presidente y vicepresidente, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la cartera sanitaria nacional. Ambos deberán contar con una sólida formación y trayectoria en materia de evaluación de tecnologías sanitarias. Los acompañarán cuatro vocales, que trabajarán en forma ad honorem, en representación de la ANMAT, del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Ninguno de sus miembros podrá tener o haber tenido participación patrimonial o interés en entidades relacionadas con la producción, distribución o comercialización de tecnologías de salud.

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"La creación de este organismo representa una deuda histórica y una demanda de todo el sistema que este Gobierno ha tomado la decisión de saldar, con el objetivo de que el sistema sanitario cuente con una arquitectura funcional y transparente. Bajo criterios objetivos y reglas de juego claras para todos los actores, la ANEFiTS no solo fortalecerá la sostenibilidad económica del sistema de salud, también garantizará que cada peso invertido tenga un impacto positivo y comprobable en la salud y el bienestar de los argentinos", cerraron.

Puntos polémicos

• Restricción de prestaciones esenciales por criterios económicos: existe el riesgo de que la ANEFiTS funcione como una barrera burocrática que filtre el acceso a tratamientos costosos, incluso cuando están debidamente indicados por los profesionales tratantes. Lo que debería ser una evaluación científica, puede convertirse en una herramienta para justificar recortes encubiertos.
• Limitación del acceso a la Justicia: al establecer un "órgano técnico de referencia", se podría debilitar la posibilidad de los pacientes de recurrir a la vía judicial mediante amparos de salud. Los jueces podrían verse condicionados por informes de la agencia que funcionen, en los hechos, como una excusa técnica para negar tratamientos.
• Riesgo de convertir la equidad en retórica: el derecho a la salud no puede reducirse a un análisis costo-beneficio. Cuando una agencia decide que un medicamento "no justifica su costo", el resultado es que solo lo acceden los ricos. Así, se profundiza la brecha entre quienes pueden pagar tratamientos por fuera del sistema y quienes quedan atrapados en la escasez institucional.
• Autonomía y representatividad limitadas: aún no se ha explicado con claridad cómo se conformará esta agencia, quién la integrará ni cómo garantizará transparencia, independencia de intereses privados y participación de pacientes, médicos y organizaciones sociales.