Con aval de la Provincia, la Comuna ultima detalles para reformar el COU

El anteproyecto de ordenanza que el Ejecutivo municipal diseñó para modificar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) obtuvo ayer dictamen favorable del Estado provincial, dando otro paso para su inminente presentación en el Concejo Deliberante.

La iniciativa se hizo en base a los informes elaborados por la fundación CEPA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y viene siendo evaluada desde el año pasado por el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COU), que integran especialistas en urbanismo, unirversidades y colegios profesionales.

Ayer se conoció la emisión de un dictamen de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, respecto al anteproyecto como primera fase de la reforma del ordenamiento del suelo platense, que sostiene que el expediente “se encuentra en condiciones de continuar su tramitación en el ámbito municipal, atendiendo a las recomendaciones expresadas por los organismos provincailes”.

El documento es clave si se tiene en cuenta que la causa originada por la detección de unos 450 loteos ilegales motivó la paralización de obras de construcción en esos lugares y la presentación de una denuncia penal. Es que, según entienden en el gobierno de Julio Alak, durante la anterior gestión se habilitó la creación de nuevos barrios a partir de ordenanzas que no tenían la convalidación de la Provincia.

Mientras se avecina la fecha límite del decreto municipal que fijó la paralización de los avances en esas zonas de la periferia, ahora el proyecto de Alak para reformar el COU pretende reordenar el uso del suelo y brindar una solución a lo que, sostienen, implican unas 2 mil hectáreas urbanizadas de forma irregular.

Según pudo saber EL DIA sobre el proyecto del Ejecutivo que la semana que viene será girado al Concejo, establece la creación de tres zonas especiales: una urbana, una periurbana y rural y una de riesgo de inundación.

Además de determinar dónde se puede urbanizar el suelo y dónde no, el boceto de la ordenanza prevé la creación de un banco municipal de inmuebles que administre las tierra de dominio público y privado municipal para el acceso justo al hábitat, en base una registro municipal de demanda habitacional.

Pero, además, crea un régimen de control y sanción de incumplimientos a la normativa, que contempla severas multas y apunta a fijar límites a la especulación inmobiliaria y evitar una nueva situación irregular como la presente con las mencionadas barriadas.

Entre las infracciones contempladas en el anteproyecto, se mencionan, por ejemplo, el de la publicidad de lotes para su comercialización, con visado municipal y sin la finalización de los procedimientos de aprobación provincial.

También se consigna el parcelamiento en suelo urbano que no respete las normativas vigentes y que, por su magnitud e impacto, impida la implementación de espacios verdes, equipamientos, infraestructuras o impacto. También la construcción en zonas inundables, la consignación de datos falsos en los expedientes o el uso indebido de figuras urbanísticas para evadir la normativa aplicable.

Las multas frente a estas infracciones pueden alcanzar hasta los 271.750.000 pesos. Estimadas en Unidades de Vivienda (UVIs), una medida del Banco Central, el rango de sanciones arranca de un mínimo de 1.087.000 pesos. También se crea un registro de infractores, apuntando a desarrolladores o constructoras que incumplan la normativa.

Como publicó EL DIA el lunes pasado, se mantiene firme la idea de que entre el grupo de barrios apuntados, tengan continuidad aquellos cuyos trámites tengan una aprobación fundada en un dictamen técnico o bien que estén consolidados con construcciones de más de 20 viviendas familiares.

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