Semana clave en el Concejo para la reforma del Código Urbano

La propuesta del Departamento Ejecutivo para iniciar el reordenamiento del uso del suelo en La Plata y resolver la cuestión planteada, tras el hallazgo de unos 450 barrios ilegales, será girada esta semana al Concejo Deliberante.

La iniciativa, que ya cuenta con aval provincial, espera por estas horas el visto bueno de cada integrante del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), comenzará a ser a partir de esta semana objeto de análisis en el deliberativo local.

Es que si bien no trascendió la fecha de su posible tratamiento, se estima que el 10 de abril finaliza el plazo para que parte del conflicto derivado por la detección de desarrollos urbanos en situación de irregularidad tengan un desenlace. Esto es porque ese día se cumplen seis meses de la firma del decreto del intendente, Julio Alak, que frenó por ese plazo las obras de construcción en más de 400 barriadas.

Están contemplados dentro de esa medida diversos desarrollos cuyos trámites se encuentran incompletos o bien procedieron a levanzarse en zonas urbanizadas por ordenanzas cuestionadas por la Provicia.

Como viene publicando este diario, el avance de la construcción urbana en áreas que no han sido convalidadas por la Provincia supone un delito. Esto motivó que el Municipio presente una denuncia penal que ahora tiene como imputados al exintendente Julio Garro, la exsecretaria de Planeamiento municipal María Botta, y un grupo de empresarios a los que investiga el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por presunta “asociación ilícita”.

En paralelo, el expediente confeccionado por el Ejecutivo, a partir de un informe de la Fundación CEPA y el análisis de los integrantes del COUT, compuesto por colegios profesionales y universidades, apuntó a buscar una solución sobre aquellos desarrollos irregulares, que habían sido habilitados por el Municipio sin convalidación provincial, y determine cuáles pueden continuar y cuáles, detenerse.

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Según indican en el Municipio, la extensión de estos desarrollos ilegales alcanzarían las 2 mil hectáreas. En el expediente lo califican como “formas clandestinas de desarrollo urbano”, que dieron lugar a la proliferación de unos 450 loteos y proyctos de loteos, con distintos grados de materialización, compromiso administrativo y formas de ilegalidad.

En algunos casos, se trata de irregularidades en la gestión administrativa, mientras uqe en otros el problema es el modo de subdivisión de la tierra o bien trasgresiones como el desarrollo urbano sin provisión de servicios básicos, en zonas no hbalitadas o rurales y también ambientales, como la consrucción en zonas de alta peligrosidad por inundación.

EL ARTICULADO PROPUESTO

En este sentido, el anteproyecto que el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante se presenta como la “primera fase” del reordenamiento territorial de la Ciudad. Esquematiza tres áreas bien definidas del territorio, entre las que distingue la urbana, la rural y la periurbana. Pero, además, dedica más de un capítulo a la cuestión de estos desarrollos.

Al respecto, fija las condiciones mínimas que estos loteos deben tener para poder continuar con sus tramitaciones y alcanzar la habilitación definitiva. Entre ellos, permisos de organismos provinciales, localizaciones por fuera de las zonas inundables y una cantidad precisa de construcciones y divisiones.

En aquellos casos en los que estas barriadas no cumplan con esas aprobaciones previas y estudios de impacto ambiental, no podrán continuar su avance. Sí indica el texto la excepción para aquellos casos que cuenten con más de 20 viviendas construidas. Frente a estas particularidades, una de las alternativas que se evalúan es la de generar un empadronamiento con la figura de un condominio indiviso, es decir, sin posibilidad de escrituración por lotes individuales.

La propuesta del Ejecutivo también pretende reemplazar las más de 60 ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante durante la anterior gestión, por lo que, si la iniciativa avanza en el deliberativo, éstas serán derogadas por esta propuesta, cuyo criterio busca implementar un ordenamiento integral del suelo del distrito.

Como ya publicó este diario, el propio Intendente afirmó sobre la proliferación de desarrollos urbanos ilegales que durante la anterior gestión “se cometieron todo tipo de delitos”. Por eso, en paralelo a la denuncia penal que realizó la Comuna, el proyecto que el Ejecutivo presentará al Concejo prevé sanciones millonarias para aquellas desarrolladoras e inmobiliarias que incumplan la normativa y que pongan a la venta loteos en lugares no aprobados por el Municipio.