Alarma entre defensores del control de las armas

El gobierno del presidente Donald Trump permitirá la venta de gatillos de reinicio forzado, que hacen que los fusiles semiautomáticos disparen más rápidamente, luego que puso fin a una prohibición como parte de un acuerdo que también requiere que devuelva los dispositivos incautados.

El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) resuelve una serie de casos sobre el disparador de repuesto alternativo que el gobierno había argumentado previamente que califica como ametralladora bajo la ley federal.

El trato representa un cambio drástico en la política de la Segunda Enmienda bajo el gobierno republicano, que ha señalado que podría eliminar muchas de las regulaciones que el gobierno anterior del presidente demócrata Joe Biden había batallado por mantener en vigor en un intento por frenar la violencia con armas de fuego.

“Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase”, afirmó la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado.

Los defensores del control de armas en Estados Unidos señalan que el acuerdo empeorará la violencia.

“El gobierno de Trump acaba de legalizar las ametralladoras. Se perderán vidas debido a sus medidas”, subrayó Vanessa González, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y políticos en GIFFORDS, un grupo de control de armas.

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Ha habido varias batallas legales sobre los gatillos de reinicio forzado, que reemplazan el disparador típico en un fusil estilo AR-15. Durante años, el gobierno había argumentado que son prácticamente dispositivos ilegales de conversión de ametralladoras porque la presión constante del dedo sobre los gatillos mantendrá un fusil disparando tal cual como un arma automática.

El acuerdo anunciado fue entre el Departamento de Justicia y Rare Breed Triggers, que anteriormente fue representado por David Warrington, el actual asesor de la Casa Blanca de Trump. Rare Breed Triggers argumentó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) estaba equivocada en su clasificación e ignoró las demandas de dejar de vender los disparadores antes de ser demandada por el gobierno de Biden.

“Esta victoria es un momento histórico en la lucha contra el exceso de poder gubernamental sin control. La ATF y el DOJ intentaron silenciarnos y enterrarnos no porque violáramos la ley, sino porque me negué a doblegarme ante la voluntad de un gobierno tiránico”, señaló Lawrence DeMonico, presidente del grupo, en un comunicado.

Según el acuerdo, Rare Breed Triggers ha acordado no desarrollar tales dispositivos para ser utilizados en armas de mano, según el Departamento de Justicia. El acuerdo requiere que la ATF devuelva los disparadores que había incautado o que los propietarios habían entregado voluntariamente al gobierno.