La cuarta ancla

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Aunque el Gobierno insiste en la ortodoxia y sostiene que la inflación es un fenómeno que responde estrictamente a la política fiscal y monetaria, en la práctica adopta una postura algo más heterodoxa -y pragmática- y no desatiende otras variables que también pueden tener impacto en los precios a corto plazo. En este sentido, el tipo de cambio, las tarifas públicas y los salarios aparecen como herramientas de contención, incluso si eso implica frenar la acumulación de reservas o postergar ajustes necesarios, de cara a las elecciones en octubre.

Las tarifas, por ejemplo, tuvieron hasta mayo aumentos discrecionales por debajo de la inflación, contribuyendo a contener el indicador, mientras que, en el caso del dólar, la intervención previa al cambio de esquema alcanzó los US$ 735 millones entre el 31 de marzo y el 11 de abril, e incluso a hoy, luego de la flexibilización de las restricciones de acceso al mercado de cambios, todavía no vemos signos de acumulación de reservas, con un BCRA que se niega a comprar por encima del piso de la banda, con tal de no presionar sobre la inflación como subproducto de la emisión de pesos resultante.

En cuanto a los salarios, se consolida la presencia de una “pauta salarial” no oficial, implementada de manera indirecta a través de la no homologación de acuerdos paritarios. Este mecanismo parece haber condicionado las negociaciones del primer trimestre, con convenios que cerraron por debajo de la inflación o recurrieron a pagos extraordinarios, como bonos o aumentos de suma fija, para maquillar los aumentos reales.

La aceleración inflacionaria de marzo -cuando el índice alcanzó el 3,7% mensual- agravó aún más la situación, provocando una caída real de los salarios del sector privado registrado del 0,5% (2,5% si se consideran los datos del SIPA), que se suma al estancamiento y caída del 0,4% registrados en enero y febrero. El sector público, si bien mostró una recuperación del 0,6% real en marzo, acumula desde noviembre 2023 una pérdida del 14,2% en términos reales.

En contraste, el segmento no registrado continúa en alza y ya supera los niveles de fines de 2023, aunque la información disponible tiene un rezago de cinco meses, lo que dificulta una comparación directa.

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Con este escenario de fondo, las negociaciones salariales del segundo trimestre se presentan complejas. El caso de la paritaria de Comercio, una de las más relevantes dado que nuclea una gran cantidad de trabajadores y suele servir como referencia para otros gremios, fue ejemplo de esto. Si bien se acordó un aumento del 5,4% repartido en tres meses 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, la suba vendría acompañada de tres sumas fijas adicionales que en su conjunto totalizaban los $115.000. En respuesta, el Gobierno no homologó el acuerdo e instó a los supermercados, como rubro relevante del sector, a no convalidar la suba, aunque luego de varios días de negociaciones se comprometieron a hacerlo, aunque sin el aval oficial.

Este episodio dejó al descubierto no sólo la intervención del Ejecutivo en el desarrollo de las negociaciones salariales, sino también los límites del “techo salarial” implícito que el Gobierno busca establecer. La falta de homologación como herramienta de disciplinamiento funciona, en los hechos, como un mecanismo informal de control sobre la dinámica de ingresos, sin necesidad de modificar la legislación ni asumir abiertamente una política de congelamiento.

Al mismo tiempo, la desaceleración inflacionaria de abril -que sorprendió a la baja con 2,8%, en un mes cruzado por la incertidumbre primero y por la apertura del cepo luego- le dio algo de aire a la estrategia oficial. Con una inflación acumulada del 11,6% en lo que va del año, el equipo económico busca consolidar la tendencia hacia la baja, apoyándose en una combinación de tipo de cambio estable, aumentos acotados en precios regulados y contención de la masa salarial.

LO QUE PUEDE VENIR

Hacia adelante, las proyecciones de inflación son optimistas y se espera que la desaceleración continúe. El anuncio de rebajas impositivas para productos electrónicos -con la eliminación de aranceles para celulares y la reducción de impuestos internos para aires acondicionados, televisores y consolas de videojuegos- contribuye en este sentido y podría representar una baja de hasta 0,26 puntos porcentuales en la inflación.

Sin embargo, la dinámica salarial sigue siendo un punto sensible en el esquema. Con ingresos que aún corren por detrás de los precios y sin señales claras de una recomposición sostenida, el riesgo no es sólo económico, es político. En ese sentido, las elecciones resultan un termómetro interesante a tener en cuenta.

¿Hasta dónde la baja de la inflación alcanza para garantizar apoyo político? ¿Y cuánto ajuste está dispuesta a tolerar la sociedad a cambio de cierta estabilidad? La respuesta, se verá en las urnas.