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En respuesta al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, su abogado, Gregorio Dalbón, lanzó una ofensiva jurídica y política a nivel internacional. A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, el letrado anunció el inicio de la campaña mundial #CristinaLibre, que comenzó este miércoles en la plaza Callao de Madrid y que, según sus palabras, recorrerá “ciudades, foros internacionales, redacciones y parlamentos” para denunciar lo que calificó como “el quiebre del Estado de Derecho en la Argentina”.
Dalbón sostuvo que el fallo de la Corte “no es el final del camino”, sino “el punto más burdo y brutal de una persecución política, judicial y mediática que será desarmada por el Derecho”. En ese marco, aseguró que existen herramientas legales concretas para revertir lo que denomina una “condena política” y apuntó directamente al artículo 366, inciso f) del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que habilita la revisión de una sentencia cuando organismos internacionales de derechos humanos detectan violaciones al debido proceso.
“Frente a esta injusticia, existe una vía concreta de reversión”, explicó. “La Argentina ya cuenta con una herramienta para anular sentencias arbitrarias dictadas sin debido proceso, sin imparcialidad y sin pruebas”, señaló en referencia a ese artículo, que establece que podrá revisarse una condena cuando exista una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de otro órgano de aplicación de tratados internacionales en el marco de una comunicación individual.
Dalbón fue enfático: “Eso es exactamente lo que haremos. Presentaremos el caso de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional”. El objetivo de esta estrategia es claro: obtener una resolución internacional que habilite la reapertura del caso en los tribunales nacionales, bajo el argumento de que se violaron las garantías fundamentales de la defensa.
A lo largo del comunicado, el abogado desplegó una retórica que combina elementos jurídicos con una fuerte carga política. “No se trata solo de un caso judicial. Se trata de una amenaza a la democracia. De un intento sistemático de proscripción que utiliza al aparato judicial como instrumento del poder real”, sostuvo, en línea con la narrativa del “lawfare” que el kirchnerismo ha desarrollado en los últimos años.
Además, reivindicó la dimensión simbólica de la campaña, al afirmar que no solo se trata de Cristina Kirchner, sino de todos aquellos “que han sido perseguidos, silenciados o disciplinados por enfrentar al poder”. Y concluyó con una consigna de tono épico: “La historia no se escribe con fallos injustos. La historia la escriben los pueblos cuando luchan. La historia la escribirá la justicia”.
Con esta iniciativa, el kirchnerismo busca reorientar la discusión hacia el plano internacional, apostando a exponer ante la comunidad global lo que consideran una manipulación del sistema judicial para fines políticos. El resultado inmediato es un nuevo escenario de tensión entre el oficialismo libertario, que reivindica el fallo como un acto de independencia judicial, y el espacio de Cristina Kirchner, que ahora abre una etapa de litigio en tribunales internacionales y en las calles del mundo.
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