“Lule” Menem, en el ojo de la tormenta: el Gobierno, “por ahora”, lo sostiene

El Gobierno libertario que hizo de la lucha contra “la casta y la corrupción” su bandera debe ahora defender a uno de los apellidos más asociados con esas prácticas en la historia argentina: Menem. Eduardo “Lule” Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem y hermano de Martín Menem (actual presidente de la Cámara de Diputados), es señalado como pieza clave en el escándalo que sacude a la Casa Rosada.

En lo formal, “Lule” ocupa el cargo de subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. Pero en los hechos, cumple un rol mucho más decisivo: es el operador político más cercano a la hermana del Presidente y uno de los que maneja resortes claves del oficialismo.

Por eso, las sospechas que lo rodean no sólo afectan su figura, sino que también golpean directamente a Karina y, por extensión, al propio Javier Milei.

¿Un video comprometedor?

El caso estalló hace una semana, cuando se conocieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se menciona a “Lule” Menem y a Karina Milei como supuestos receptores de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del organismo.

En las últimas horas circularon nuevas versiones: la existencia de un video que mostraría a Menem manejando un auto de alta gama acompañado por uno de los empresarios investigados. El material no se difundió, pero el rumor generó consultas inmediatas dentro del Gobierno. La respuesta de una fuente oficial de primera línea fue sugestiva: “No. Por ahora, al menos”, descartando su salida inmediata pero dejando abierta la puerta a futuros movimientos.

Denuncias previas

Las sospechas no son nuevas. Antes de este episodio, Menem ya había sido mencionado en denuncias por presuntas maniobras irregulares en áreas como el PAMI y la ANSeS, donde dirigentes alineados con él habrían armado un esquema de recaudación ilegal a través de proveedores. También se lo vinculó con negocios en torno a contratos de seguridad del Banco Nación, presuntamente manejados por empresas cercanas a la familia.

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En la jerga política, se lo acusa de reproducir prácticas típicas de la “casta”, el mismo término que Milei prometió combatir.

El impacto judicial

El escándalo derivó en una causa judicial que avanza con velocidad: se realizaron más de una docena de allanamientos, se prohibió la salida del país de los exfuncionarios y empresarios implicados, y se bloquearon cajas de seguridad.

El Gobierno reaccionó con la salida de Spagnuolo, creyendo que así podía contener la crisis. Pero la jugada resultó insuficiente. El exfuncionario rechazó el abogado ofrecido por la Casa Rosada y mantiene en vilo a todo el oficialismo. Su eventual decisión de colaborar con la Justicia como arrepentido podría detonar aún más el caso.

Sospechas de espionaje

El origen de los audios abrió otra línea de conflicto. En el oficialismo circula la versión de que la operación provendría de sectores vinculados al kirchnerismo y al espionaje. El periodista Carlos Pagni apuntó a Franco Bindi, empresario y abogado, aunque éste lo negó.

El dato político es que la diputada Marcela Pagano, esposa de Bindi, abandonó el bloque libertario justo después de rechazar el veto presidencial a la ley de discapacidad. En su carta de despedida elogió al Presidente, pero advirtió sobre la corrupción y la “lacra” que lo rodea, en clara alusión al clan Menem y a Karina Milei.

En paralelo, surgieron reproches internos hacia la SIDE, que conduce Sergio Neiffert, hombre de confianza de Santiago Caputo. Algunos se preguntan si el organismo desconocía la existencia de los audios o, peor, si sabía y no actuó. Caputo, asesor central del Presidente y rival interno de los Menem, buscó despegarse, pero las tensiones dentro del oficialismo quedaron a la vista.

Silencios y tiempos políticos

El Presidente evitó pronunciarse sobre el caso. Los Menem, por su parte, tardaron casi una semana en rechazar públicamente las acusaciones. El costo político de ese silencio se mide en rumores y especulaciones.

La crisis estalla, además, en un momento sensible: faltan menos de dos semanas para una elección clave en la provincia de Buenos Aires. Desde el oficialismo intentan instalar que se trata de una campaña sucia, pero el desgaste interno y la falta de respuestas rápidas alimentan el fuego.