Opinión de abogados sobre cómo debería funcionar la Justicia

La encuesta lanzada a sus matriculados por el Colegio público de Abogados de la capital federal, destinada a que se expresen sobre cómo funciona la Justicia en ese distrito, tal como lo anunció anteayer el presidente de esa entidad, conforma una experiencia digna de ser mencionada y que podría ponerse en práctica en las demás jurisdicciones, entre ellas la correspondiente a la Justicia bonaerense. Cabe señalar que en la consulta también participará la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“Se trata de información muy importante sobre cuál es la percepción, el trámite de los expedientes, la demora en los proveídos y durante el proceso, la calidad de las decisiones judiciales; y qué es lo que se piensa acerca de la independencia e imparcialidad con la que los jueces y juezas resuelven los asuntos que se le llevan”, indicó el titular del Colegio porteño.

Tal como se detalló ayer en este diario, la institución profesional indicó que la encuesta, enviada (vía correo electrónico) a los matriculados, es anónima, se completa en menos de diez minutos y estará disponible hasta el próximo 5 de septiembre, subrayándose que con el resultado de esta información se “armaremos un diagnóstico y tomaremos las medidas pertinentes frente al Consejo de la Magistratura y la propia Corte Suprema de Justicia”.

Si se revisan los temas mencionados por el Colegio como motivadores de la necesidad de conocer la opinión de los abogados –tramitación de los expedientes, demora en los proveídos y durante los procesos, calidad de las decisiones judiciales, independencia e imparcialidad con actúan los magistrados- se verá también que son temas controvertidos y que preocupan en la Justicia provincial.

No debiera hacer falta señalar que, subordinadas a la actividad judicial, existen cuestiones y derechos perentorios relacionados a la libertad, a la seguridad, a los derechos de propiedad, a situaciones laborales o de familia que son acuciantes, entre otras múltiples obligaciones y garantías que pueden verse omitidas o conculcadas cada vez que se incumple con esas premisas constitucionales y legales.

Cuestiones como las demoras existentes para llegar a las sentencias, la generosa suma de beneficios procesales en el fuero penal, las permanencias de juzgados vacantes durante años y años, la superpoblación y hacinamientos crónicos en las cárceles, los desvíos y demoras en el fuero laboral el exceso de procesados sin condenas penales, las falencias que se registran en el fuero de familia forman parte –según lo han señalado los Colegios de Abogados de los distintos departamentos judiciales- de los problemas que enfrenta la administración de justicia provincial.

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Acaso contar con información sistematizada por profesionales en la materia constituya un aporte representativo de primer nivel, que induzca a los poderes provinciales a poner su atención en los resultados que se obtengan y, llegado el caso, en decidir reformas.