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El ataque perpetrado contra una alumna de 16 años de edad y a su novio en las puertas de un colegio industrial de La Plata por parte de la madre de otra alumna, secundada por tres menores, como resultado de una situación de hostilidad entre las dos estudiantes, debe inscribirse en una sucesión de episodios similares que se registran en las escuelas platenses, en los que familiares de los alumnos protagonizan episodios de violencia incompatibles con su condición y con el ámbito en que se presentan.
Que padres, madres u otros familiares y responsables protagonicen estos lamentables episodios, traducidos en otras oportunidades en ataques y amenazas al personal docente marca un límite más allá del cual, si las autoridades no actúan con rigor, se ve desnaturalizada por completo la misión educativa.
El episodio ocurrido en el Albert Thomas se suma a una larga lista de casos de violencia, que incluye numerosas agresiones a directivos y docentes. Asimismo, en algunos colegios se realizaron abrazos simbólicos por parte de la comunidad educativa, en repudio a las agresiones de algunos padres y madres a integrantes del plantel docente.
Algo parecido ocurre en el ámbito del fútbol infantil, en donde no pocos padres y madres que acuden a ver jugar a sus hijos se desubican protagonizando toda clase de agresiones verbales, psicológicas y hasta físicas contra los árbitros, los técnicos y los propios jugadores. Acaso impulsados por una suerte de obsesión para que sus hijos se conviertan en futuros Messi o Maradona, no trepidan en exhibir toda clase de excesos y conductas agresivas.
Desde luego que estas actitudes merecen no sólo ser rechazadas, sino que, en el caso de que se traduzcan en consecuencias físicas más graves no debe dudarse en acudir a la Justicia para exigir las sanciones del caso, en situaciones que obligan tanto a las autoridades educativas como a la dirigencia a cargo del fútbol infantil.
En el caso de las escuelas, los reiterados episodios dentro y fuera de los edificios, no sólo preocupan a la comunidad educativa, sino también a los estudiantes y familias de esas instituciones que mantienen conductas acordes y que no intervienen en ese tipo de controversias. Pero es indudable que tales situaciones degradan inevitablemente la calidad del servicio educativo y, por consiguiente, deben ser erradicadas.
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Nuestra sociedad no puede permitir, en modo alguno y por ninguna causa, que los familiares pongan en riesgo la integridad física y psicológica de los alumnos, que padres y madres no respeten a los docentes y, mucho menos, que estos sean víctimas eventuales de agresiones físicas o amenazas. Si se permite que tales extremos se conviertan en habituales, se estaría ya demasiado lejos de la necesidad de prestigiar la tarea de maestras y maestros en la Provincia. Lo mismo vale para los incidentes y desmesuras en el fútbol infantil, originados por algunos padres y madres.
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