Mala praxis: la prevención de errores médicos es ley

El Senado aprobó finalmente la llamada “Ley Nicolás”, la primera normativa integral de la Argentina orientada a la seguridad del paciente y a la prevención de la mala praxis médica. Con su sanción, todos los centros de salud, públicos y privados deberán reportar incidentes y errores que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

La medida, que había obtenido media sanción en Diputados en diciembre de 2023 y estuvo a punto de perder estado parlamentario dos veces, representa un cambio de paradigma: de la reacción judicial frente a la mala praxis a la prevención y el aprendizaje colectivo.

La ley se gestó a partir de una tragedia ocurrida en 2017. Nicolás Deanna, un joven de 24 años, murió en Villa Gesell luego de que varios médicos confundieran su meningitis con una alergia. Su madre, la abogada Gabriela Covelli, transformó el dolor en una cruzada.

Tras redactó el primer borrador de la norma, la madre articuló con la Academia Nacional de Medicina y consiguió el apoyo del diputado Fabio Quetglas, que le dio forma legislativa. Así, en julio de 2022 el proyecto tomó estado parlamentario y, gracias al empuje de la ONG “Por la Vida y la Salud”, logró la media sanción en Diputados un año después.

Covelli nunca dejó de insistir. “Esta ley nació de la lucha de más de 400 familias de todo el país, y es impulsada por ellas sin descanso. La Ley Nicolás cambia el paradigma actual por la atención centrada en el paciente, no como objeto sino como lo que es, un sujeto de derecho”, afirmó.

Para la madre de Nicolás, la sanción “es un acto de amor colectivo que busca que nadie más atraviese el dolor que nosotros nos tocó vivir”.

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HERRAMIENTAS CONCRETAS

La normativa introduce herramientas concretas para reducir riesgos. Obliga a que todos los establecimientos de salud reporten “eventos adversos” en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) del Ministerio de Salud de la Nación. No se trata sólo de registrar casos de mala praxis consumada, sino también situaciones que podrían haber causado daño aunque no llegaran a concretarse.

“Registrar eventos adversos no sólo implica registrar mala praxis en donde ya existe un daño sino aquello que pudo producirlo, más allá de que no haya ocurrido. Se registra en el SISA para aprender”, resalta Covelli.

Además, la ley exige formación continua y evaluaciones periódicas de los equipos de salud, promueve la informatización de las historias clínicas –un punto ya parcialmente aprobado en normas previas– y dispone que las matrículas profesionales pasen a depender del Ministerio de Salud.

El objetivo de este último punto es “evitar que un médico con antecedentes de mala praxis pueda simplemente mudarse a otra jurisdicción para seguir ejerciendo”, explica.

Su primer artículo es claro: garantiza “el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

El camino no fue sencillo. Tras obtener la media sanción en Diputados, la iniciativa atravesó meses de incertidumbre y a punto estuvo de caducar. En septiembre de 2024, un plenario de comisiones del Senado escuchó a expertos en seguridad y calidad sanitaria que la calificaron como “modélica para toda América”.

Finalmente, el debate llegó al recinto y el proyecto fue aprobado con un amplio respaldo, cerrando un proceso de más de tres años desde su presentación formal y siete desde el inicio de la lucha.

Para Covelli, la aprobación no es un final sino un comienzo: “Ahora empieza el trabajo de implementación, de que cada institución cumpla, de que se forme a los profesionales y se eduque a la sociedad. Es el triunfo de la vida sobre la indiferencia”.

La Ley Nicolás representa un hito: convierte la experiencia de una tragedia personal en una herramienta de transformación colectiva. Su puesta en marcha obligará a hospitales y clínicas a mirar de frente los errores, no para castigar, sino para aprender y prevenir.