La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno

La disputa entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó ayer un nuevo capítulo de tensión, luego de que la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia difundiera un extenso comunicado como respuesta a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ). En el texto, la AFA negó categóricamente las acusaciones en las que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación le achacó presuntas inconsistencias en balances contables por más de 450 millones de dólares e irregularidades como malversación de fondos y lavado de dinero.

Bajo el título “la única verdad es la realidad” (una frase atribuida a Aristóteles que popularizó Juan Domingo Perón), la publicación apuntó en varios de sus siete incisos contra el inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, a la par que advirtió que “es objetivamente falso afirmar que la AFA se escapó, que no informó su cambio de jurisdicción -de la ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires- o que dicho cambio sea ilegal”.

La contestación -que el ente rector del fútbol argentino subió a su sitio oficial el lunes, pero que hizo trascender ayer en redes sociales- llegó en medio de las denuncias contra Tapia y parte de su entorno, y tras la citación de la IGJ a los contadores que avalaron los balances de la AFA entre 2017 y 2024. Si la entidad no respondía a la intimación antes del 20 de enero, el presidente, Javier Milei, podía avanzar con la designación de veedores dentro de la organización del fútbol argentino.

En este escenario, al comienzo de la nota que se conoció ayer, la Asociación aclaró que, “ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo, la AFA considera imprescindible informar que en el día de la fecha [por el lunes] se contestó la mencionada intimación”.

Entre otras cuestiones, la entidad aseguró que presentó todos los balances entre 2017 y 2024 en tiempo y forma, mientras sostuvo que solo una vista fue debidamente notificada y contestada, y que el resto “nunca fueron notificadas conforme a la ley”. En ese sentido, el documento de la asociación que dirige Tapia sentenció que “nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas”.

En otro párrafo, la AFA denunció demoras de hasta tres años, expedientes irregulares y archivos injustificados por parte de la IGJ, y recordó que el propio organismo emitió certificados de vigencia donde constaba que la entidad estaba al día con sus obligaciones.

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La disputa con Milei

En su largo descargo, el ente presidido por Tapia habló de presiones y reconoció la disputa latente con la administración Milei. Por ejemplo, cuando disparó contra la IGJ, a la que acusó de haber actuado “de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento”. De lo que dedujo “una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control”.

La AFA reconoció que existían trámites pendientes ante el citado organismo, pero afirma que nunca los desconoció ni intentó eludir controles. E insistió en que el cambio de jurisdicción no fue consecuencia de observaciones estatutarias, y que incluso después de decidirlo continuó adecuando el estatuto a los requerimientos del organismo.

En otro pasaje de la nota, la institución deportiva recordó que la IGJ “no aprueba balances, función que corresponde exclusivamente a los socios, y que su rol se limita al control formal, con obligación de notificar observaciones”.

Más adelante, volvió a señalar a Vítolo, al que acusó de “filtrar y divulgar en entrevistas periodísticas información contenida en los balances de la AFA, datos que forman parte de expedientes administrativos y que se encuentran protegidos por deberes de reserva, confidencialidad y custodia”. Una conducta que para la entidad “no solo resulta incompatible con las obligaciones legales del organismo, sino que confirma el uso indebido de información administrativa con fines ajenos a la función de control y en clara línea con la presión pública que se intenta ejercer sobre la AFA”.

La IGJ llegó a comparar el caso de la AFA con el FIFA Gate, que expuso una red global de corrupción. En este punto, Vítolor recordó en una entrevista que entonces se pusieron bajo la lupa 200 millones de dólares, mientras que las partidas en revisión en la AFA superan ya los 400 millones de dólares.

Pero el texto de la entidad madre del fútbol argentino insistió en que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones”, al mismo tiempo que rechazó: “Resulta absolutamente falso -y no existe constancia alguna que lo respalde- que la AFA haya manifestado a la Inspección General de Justicia ‘no te voy a mostrar nada’ o que se haya negado a exhibir información”.

Antes de este comunicado, el propio Tapia había roto el silencio en un contacto casual con la prensa en Mar del Plata, donde se mostró “tranquilo” y desestimó las acusaciones en su contra con declaraciones como “no doy bola” porque, aclaró, no está imputado.