El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años

El gobierno de Javier Milei continúa ampliando el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo lunes. Si bien la reforma laboral será el eje central, en las últimas horas se sumó otro debate que promete encender la polémica: el proyecto para modificar la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad y permitir que chicos de 13 años puedan ser condenados penalmente. Actualmente, el piso para recibir una sanción es a partir de los 16 años.

La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política que encabezó en Casa Rosada. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, y dirigentes aliados.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, anticipó Adorni en su cuenta de la red social X, junto a una foto del encuentro.

El mensaje fue replicado por Bullrich, quien ratificó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad”. Y agregó: “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”. Finalmente, advirtió: “Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

Debate picante

En el oficialismo reconocen que la baja de la edad de imputabilidad generará un fuerte debate en el Congreso, aunque se muestran confiados en reunir los apoyos necesarios para aprobar el proyecto. Señalan antecedentes de países vecinos como Brasil, donde un menor es imputable desde los 12 años, o Uruguay, a partir de los 13.

La discusión no es nueva. Ya había sido impulsada el año pasado en la Cámara de Diputados por Laura Rodríguez, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y aliada de Bullrich.

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Sin embargo, el crimen del adolescente Jeremías Monzón, asesinado por menores en Santa Fe, volvió a colocar el tema en el centro de la agenda y fue el detonante para que el Gobierno retomara una iniciativa que había quedado trunca.

El tema había llegado al Congreso, pero perdió estado parlamentario y volverá a foja cero

El dictamen de consenso, que nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario, establecía el piso de punibilidad en los 14 años, y no en los 13 como pretendía el Ejecutivo. Esa propuesta había sido acompañada tanto por aliados del oficialismo como por legisladores massistas, mientras que el texto libertario original no logró respaldo ni del PRO ni de la UCR.

El texto original

Con el impulso del triunfo en las elecciones de medio término —que dejó a La Libertad Avanza con 95 diputados y 20 senadores—, en el oficialismo consideran que es momento de insistir con un proyecto cuyos detalles aún no se conocen, pero que tendría como base la versión original. Ese texto contemplaba una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía la cadena perpetua. En cambio, el dictamen que avanzó en comisión fijaba el tope de las penas para adolescentes en 15 años de cárcel.

Además, incorporaba criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de 10 años o más —siempre con un máximo de 15—, y preveía sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave. También reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como último recurso y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades recreativas.

Más allá de que la administración Milei concentra sus mayores esfuerzos en la reforma laboral, en el oficialismo consideran este debate estratégico para reforzar su discurso de mano dura, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”. Al mismo tiempo, lo ven como una oportunidad para tensionar con la oposición y profundizar las internas en el PJ, aún atravesado por diferencias en este tema.