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La decisión del gobierno de Javier Milei de incluir en el temario de las sesiones extraordinarias -que comienzan el próximo lunes- el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años, desató una fuerte polémica, cosechando voces a favor y en contra.
Del lado del Gobierno, uno de los que salió a respaldarlo fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien apoyó la iniciativa para avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil en el Congreso, al afirmar que el Presidente “pisó el acelerador en materia de legislación penal”.
En declaraciones radiales, Cúneo Libarona consideró que este proyecto se debe debatir con urgencia, debido a que la ley actual data de 1980 y tiene una edad de imputabilidad a partir de los 16 años, “mientras que en 1978 era de 14”.
“La realidad es que el joven de 1980 no es el joven del 2026. Hoy es un joven que es producto de la droga, de la violencia, de múltiples factores. Hay muchísimos crímenes. Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen. Entonces, ese chico cambió”, sostuvo el ministro, y aclaró que si bien “hay que prevenir”, también se debe accionar “cuando ya se cometió el delito”.
Sobre el diseño del nuevo sistema, el funcionario explicó que las instalaciones no serán “cárceles comunes” ni “de régimen de mayores”, sino que estarán separadas de adultos y mujeres.
Entre quienes se oponen al proyecto está la Iglesia. En un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social salió a rechazar la propuesta del Gobierno y reclamó “transformaciones profundas” para dar respuestas a la inseguridad juvenil.
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“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, expresó el organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Gustavo Braida, y reclamó “cambios profundos que garanticen oportunidades reales para niños, adolescentes y jóvenes”.
Los obispos advirtieron además que “cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación” y concluyeron que “el país necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles”.
También la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Fredes, cuestionó en la red social X que “si no se solucionan las causas, van a necesitar bajar la edad de imputabilidad a 6 años” y se preguntó “¿Tan difícil es entenderlo? Cuando no se quiere o no se pueden solucionar los problemas de raiz, se propone una ley”.
Entre los que defendieron la iniciativa de Milei se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pidió “avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad” y, en línea con el lema libertario, agregó: “Delito de adulto, pena de adulto. [....] No pueden estar libres ni un minuto más”.
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