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El Gobierno se resistiría a modificar la reducción del impuesto que afecta a las provincias por ser coparticipable y se tensa la relación de cara al debate en el Senado
Santilli recibió ayer a los gobernadores Sáenz (SAlta), Jaldo (Tucumán) y Jalil (Catamarca)
Al Gobierno le queda apenas una docena de días para llevar el debate por la reforma laboral al recinto del Senado. Al menos si se mantiene en pie la idea de tratar el proyecto el próximo 11 de febrero. Claro que para que su aprobación prospere necesitará del apoyo crucial de los gobernadores aliados, a quienes el ministro del Interior, Diego Santilli, visita cada semana en busca de respaldo.
Pero un reclamo —todavía no resuelto— por un capítulo de la iniciativa podría trabar las negociaciones. Es el que tiene que ver con la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también para aquellos que alquilen propiedades con destino a casa-habitación.
Esto molesta a los mandatarios provinciales porque la caja del impuesto a las Ganancias es la que nutre los fondos coparticipables que luego terminan en las arcas provinciales.
El Gobierno está al tanto de estos reclamos que, desde hace semanas, los gobernadores aliados le plantean a Santilli. Lo que piden es modificar ese tramo del texto o que, al menos, se les garantice que van a ser compensados por los fondos que calculan que van a perder.
Santilli escuchó parte de estos reclamos en la reunión que mantuvo en la sede porteña de la Casa de Salta junto al gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz; el de Catamarca, Raúl Jalil; y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, todos peronistas con buen diálogo con Milei. Hoy, el ministro visitará al radical Juan Pablo Valdés, de Corrientes.
“Nosotros siempre hemos acompañado y garantizado la gobernabilidad, y acompañado las medidas que creíamos necesarias. Pero nunca afectando los intereses de cada una de nuestras provincias. Si eso se entiende, vamos a acompañar”, expresó Sáenz tras el encuentro, e insistió: “En eso coincidimos todos [los gobernadores]. Entendemos que es una ley que es necesaria, pero hay que hacerla bien”.
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Pero, según trascendió, en el Gobierno se resisten a tocar la parte del texto que modifica la recaudación de Ganancias. Admiten, cuanto mucho, alguna corrección en el formato de redacción y de estilo, pero ningún cambio trascendental como el que piden los gobernadores.
“Nosotros queremos bajar impuestos y las provincias se resisten. Ese es el tema [que complica las conversaciones]”, defienden en el Gobierno y supeditan las compensaciones por la pérdida de recursos —que pueda generar la ley— al “comportamiento” de los mandatarios. Léase: según cómo voten, será lo que recibirán.
En sentido inverso, los jefes distritales condicionan su apoyo a la reforma a la eventual ayuda de la Casa Rosada y ya preparan una reunión —sin distinción de colores ni partidos— para la semana que viene en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La fecha tentativa es el próximo miércoles.
Buscarán reeditar así la cumbre del año pasado cuando, preocupados por la caída en la recaudación, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño se abroquelaron para impulsar dos proyectos: el de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional —que se aprobó y Milei vetó— y el de coparticipación del impuesto a los combustibles, que nunca llegó a votarse.
Ahora, el tema convocante es la baja de Ganancias que, calculan, tendría un costo de $3,18 billones en la coparticipación para las provincias.
En ese sentido, estudian al menos cuatro contrapropuestas. Quieren algún tipo de “compensación orgánica”, incluida en un artículo del proyecto y que rija para todas las provincias. Lo que pretenden evitar es que el Ejecutivo decida discrecionalmente sobre esos fondos.
Los mandatarios piden fondos y el Gobierno supedita la ayuda a los votos en el Congreso
Otros plantean una baja gradual o diferida: que el porcentaje disminuya de a poco o que el efecto de ese artículo de la ley empiece a regir en 2027.
Los más críticos, directamente, reclaman que todo el capítulo que modifica impuestos sea retirado del proyecto de reforma laboral y se incluya en el de reforma tributaria.
En tanto, hay quienes amenazan con reflotar el proyecto de coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
Si no avanza ninguna opción, varios legisladores que responden a los gobernadores advierten que el proyecto podría correr la misma suerte que el Presupuesto, que se aprobó en general, pero perdió varios artículos.
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