El nuevo “blanqueo”: cambios en reglas y menos persecución

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley de Inocencia Fiscal y activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema que el Gobierno presenta como un “blanqueo permanente” orientado a incorporar al sistema financiero los ahorros informales. La normativa establece un cambio de criterio en la fiscalización: los contribuyentes que adhieran podrán utilizar fondos acumulados en el pasado sin enfrentar investigaciones sobre su origen, siempre que cumplan con sus obligaciones impositivas hacia adelante.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará el control en los ingresos y deducciones del ejercicio actual. El decreto aclara que no se analizarán variaciones patrimoniales previas ni gastos personales de los adherentes. Tampoco se exigirán justificaciones administrativas por depósitos de fondos generados en períodos anteriores.

El esquema incorpora un “tapón fiscal” que clausura el pasado en términos tributarios y penales para quienes cumplan con el nuevo régimen. ARCA pondrá a disposición declaraciones juradas precargadas para agilizar la operatoria.

Quiénes pueden adherir y cómo se usan los fondos

El régimen alcanza a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio máximo de $10.000 millones en cada uno de los últimos tres ejercicios. Quedan excluidos los grandes contribuyentes, un universo estimado en unas 900 personas.

Para utilizar los fondos, estos deben ingresar al sistema bancario: pueden depositarse en la cuenta del contribuyente o transferirse directamente al vendedor de un bien o servicio. La compra de inmuebles mantiene la excepción histórica y puede realizarse en efectivo.

La reglamentación eleva además los umbrales de información bancaria. Operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos al fisco. Desde el Gobierno sostienen que la flexibilización apunta a reducir burocracia y dinamizar la circulación de capital.

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Límites del beneficio

La adhesión al régimen otorga un efecto liberatorio inmediato: cumplido el pago del impuesto del período base, ARCA pierde la facultad de revisar el ejercicio actual y los anteriores. Esa condición también funciona como antecedente favorable en materia de prevención de lavado, lo que podrá ser verificado por las entidades financieras.

La protección se pierde si se detecta una discrepancia superior al 15 por ciento en las declaraciones o si se utilizan facturas apócrifas.

El Ministerio de Economía estima que existen cerca de US$ 170.000 a US$ 200.000 millones fuera del circuito formal. En paralelo, los depósitos privados en dólares superan los US$ 37.000 millones, el nivel más alto desde 2002.

Cambios en sanciones y régimen penal

El decreto actualiza las multas previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal con incrementos nominales. La sanción por no presentar declaraciones juradas pasa a $220.000 para personas humanas y a $440.000 para personas jurídicas. Sin embargo, la aplicación deja de ser automática: ARCA enviará recordatorios previos con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación.

Las multas podrán reducirse en un 50 por ciento si se abonan rápidamente y se graduarán según la gravedad de la conducta.

En el plano penal, el umbral para configurar evasión simple se eleva a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones. La prescripción para contribuyentes cumplidores baja de cinco a tres años y se habilita la extinción de la acción penal mediante el pago de la deuda por única vez.

Tensión con bancos y expectativas oficiales

La reglamentación llega tras semanas de discusiones entre el Ministerio de Economía y el sector financiero sobre la implementación práctica del régimen. Entidades bancarias reclamaron coordinación con el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) para unificar criterios operativos.

Según datos oficiales, hasta el momento se registraron unos 23.000 adherentes sobre un universo potencial de 600.000 contribuyentes. El Gobierno espera que la reglamentación acelere el ingreso de dólares al sistema en los próximos meses y consolide un proceso de regularización permanente.