Buscan reformar el Código Penal: contemplan nuevos delitos y penas más duras

El Gobierno nacional prepara el envío al Congreso de un proyecto de reforma integral del Código Penal que apunta a modificar de raíz la estructura de una norma que rige desde 1921. La iniciativa combina un endurecimiento general de las penas, la creación de nuevas figuras delictivas y cambios en los criterios de cumplimiento de las condenas.

Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema penal actual quedó desactualizado frente a las transformaciones sociales, tecnológicas y criminales del último siglo.

ENDURECIMIENTO DE PENAS PARA DELITOS VIOLENTOS

Uno de los ejes centrales del proyecto es el aumento de penas para delitos de alto impacto social. Homicidios agravados, abuso sexual, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y pornografía infantil pasarían a tener escalas penales más severas que las actuales.

La reforma también incorpora agravantes para modalidades delictivas que hoy generan fuerte preocupación pública, como los ataques cometidos por motochorros y la violencia en espectáculos deportivos. El objetivo es que la ley refleje formas de criminalidad que se volvieron frecuentes en las últimas décadas pero que no están claramente contempladas en el código vigente.

MÁS PRISIÓN EFECTIVA

Un punto clave del proyecto es la reducción de la discrecionalidad judicial en la aplicación de sanciones. El diseño oficial prevé que cerca del 82% de los delitos tengan penas de cumplimiento efectivo en prisión.

En la práctica, esto implicaría un cambio relevante respecto del régimen actual, donde una porción importante de las condenas puede cumplirse sin encarcelamiento. El Gobierno plantea que esta modificación apunta a reforzar la previsibilidad del sistema penal y a evitar fallos considerados excesivamente benignos.

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La reforma también modifica el régimen de prescripción. El proyecto propone que ciertos delitos extremadamente graves no puedan quedar impunes por el paso del tiempo.

Entre ellos figuran homicidios agravados y abusos sexuales, que pasarían a ser imprescriptibles. En el esquema actual, estos delitos tienen plazos legales que, una vez vencidos, impiden su persecución penal. El cambio apunta a garantizar que hechos de máxima gravedad puedan ser juzgados sin límite temporal.

EL CRIMEN ORGANIZADO

El combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales ocupa un lugar central en la iniciativa. El proyecto fortalece el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita como herramienta sistemática de persecución penal.

A diferencia del esquema actual, donde el decomiso suele aplicarse de manera puntual, la reforma lo convierte en una política activa orientada a recuperar activos, desarticular estructuras económicas criminales y presionar financieramente a las organizaciones. El Gobierno sostiene que atacar el flujo de dinero es tan importante como castigar a los responsables directos de los delitos. Por primera vez, el Código Penal incorporaría un capítulo específico dedicado a delitos digitales. El texto tipifica conductas que hoy se encuentran dispersas en leyes especiales o carecen de encuadre claro.

Entre ellas figuran la usurpación de identidad, el grooming, la difusión no consentida de datos personales y otras formas de violencia digital. La intención es adaptar la legislación a un contexto en el que gran parte de la vida social, económica y política transcurre en entornos virtuales.

DELITOS ELECTORALES

La reforma también integra dentro del Código Penal un conjunto de delitos electorales. La incorporación busca reforzar la protección del sistema democrático y centralizar en una única norma conductas que hoy están reguladas en legislación dispersa.

El cambio apunta a dar mayor visibilidad y jerarquía penal a los ilícitos que afectan procesos electorales, financiamiento político y transparencia institucional.

DELITOS ELECTORALES

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la figura de ecocidio, destinada a castigar daños ambientales de gran magnitud. Incendios forestales provocados, destrucción masiva de ecosistemas y otras catástrofes ambientales pasarían a tener un encuadre penal específico. La inclusión responde a la creciente preocupación por delitos ambientales y a la necesidad de actualizar la legislación frente a emergencias climáticas y ecológicas. El oficialismo presenta esta figura como un paso hacia una política penal que contemple de manera explícita la protección del ambiente.