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Renata Brito
Se cree que más de medio millón de inmigrantes viven en España sin permiso legal. Desempeñan trabajos que pocos españoles desean: recogiendo frutas y verduras en los campos, cuidando a niños y ancianos, limpiando hogares y habitaciones de hotel. Algunos terminan sin hogar. Los “sin papeles” a menudo son explotados, marginados e invisibles.
Ahora, España quiere integrarlos. El gobierno anunció que otorgaría permisos de residencia y trabajo a todos los extranjeros que llegaron al país antes del 31 de diciembre de 2025, hayan vivido en España durante al menos cinco meses y no tengan antecedentes penales. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez dijo en un video difundido en redes sociales que el país estaba abriendo un camino legal para aquellas personas migrantes que “han construido junto a nosotros el progreso en de país”. El movimiento inesperado contrastó con la retórica dura y los esfuerzos de deportación que se intensifican en Estados Unidos y otros países de la Unión Europea.
“Hace una semana vivía con constante ansiedad”, dijo Ale Castañeda, un solicitante de asilo de Colombia cuyo permiso temporal expira este mes.
“Estaba muy preocupado porque no sabía qué iba a pasar conmigo, si me voy a poder quedar o no, si tenía que volver a empezar de cero todos mis procesos”.
Ahora, si su caso de asilo es rechazado, Castañeda tiene otro camino legal para permanecer en España. Solo quiere poder trabajar y tener acceso a “cosas básicas”, como abrir una cuenta bancaria. Algo que quiere dejar claro es que no planea depender de beneficios públicos.
Castañeda dice que ha encontrado trabajos ocasionales cuando puede, pero actualmente está sin empleo.
Como muchos de los latinoamericanos que constituyen la mayoría de los inmigrantes en España, Castañeda llegó legalmente con una visa de turista y decidió quedarse. Él, un hombre queer, huyó de la discriminación en Colombia hacia una Argentina más progresista y amigable con los homosexuales. Pero después de que el derechista y anti-woke Javier Milei fue elegido, el ambiente en el país cambió y Castañeda fue brutalmente atacado. “Simplemente tuve que irme”, dijo.
En España, finalmente se sintió seguro.
Mientras Castañeda celebraba la apertura migratoria de España —dice que para él ha sido “¡la mejor noticia del 2026 hasta ahora!”— él y otros extranjeros saben que el diablo está en los detalles. El gobierno ha compartido los requisitos básicos, pero los detalles aún no se han publicado en el boletín oficial.
Castañeda sabe cuán largos pueden ser los procedimientos de inmigración. Incluso el paso más básico, conseguir una cita en la oficina de inmigración, es una tarea tan imposible que los grupos criminales las venden por 50 euros (60 dólares). Se pregunta cómo el gobierno procesará cientos de miles de solicitudes en solo unos meses.
La ministra de Migración, Elma Saiz, prometió que su ministerio dedicará recursos adicionales para asegurarse de que todo funcione sin problemas. “Queremos que sea un éxito”, dijo.
Paulina Valenzuela aún no puede creer la noticia. “Aún no paro de sonreír”, dijo a The Associated Press por teléfono.
Antes arquitecta, Valenzuela se mudó a España después de perder su trabajo en Chile. Ha batallado para legalizar su estatus durante los últimos tres años, ha caído en costosas estafas y dos veces le han rechazado su solicitud de inmigración sin entender por qué.
Como muchas latinas educadas que se han mudado a España, Valenzuela ha tomado trabajos de limpieza para ganarse la vida. “Trabajo en lo que sea, trabajo desde muy pequeña”, aseguró. En un momento, fue responsable de limpiar 40 apartamentos listados en Airbnb, un trabajo intenso y estresante que pagaba poco, dijo.
El sector turístico en auge depende en gran medida de la mano de obra inmigrante barata e informal. Un récord de 97 millones de turistas visitó España el año pasado y gastaron más de 130.000 millones de euros. Los inmigrantes ven solo una pequeña fracción de esos ingresos.
Física y emocionalmente agotada, Valenzuela renunció en noviembre y ha recurrido a los servicios sociales para tener comida en la mesa.
Espera que los nuevos permisos de residencia la saquen de la pobreza, pero no puede evitar ser suspicaz de las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
“De lo fácil ya desconfío, siempre hay una traba en el último momento, pero por lo menos tengo la ilusión que no tenía antes”.
Hussain Dar, de 30 años, lleva casi un año en España y está batallando por no tener papeles.
Dejó su Pakistán natal, donde los empleos son escasos, la inflación es alta y la corrupción es rampante, para seguir un máster en el Reino Unido.
Pero no pudo quedarse en el Reino Unido debido a sus leyes de inmigración más estrictas y se dirigió a España. Aún sin poder trabajar legalmente, ha agotado todos sus ahorros, vendió su computadora y ahora está pensando en vender su teléfono. Retrasado en el pago del alquiler, ha pasado varias noches durmiendo en las calles.
“Ha sido difícil”, dijo a The Associated Press mientras estaba en una fila de ocho horas fuera del consulado paquistaní en Barcelona esta semana.
Dar es uno de los aproximadamente 15.000 ciudadanos paquistaníes que viven en la región noreste de Cataluña sin permiso legal, según Murad Ali Wazir, cónsul general de Pakistán en Barcelona.
Uno de los requisitos —un certificado de que está libre de antecedentes penales— ha abrumado al consulado. La ventana para solicitar la residencia legal en España será corta: de abril a finales de junio solamente, de acuerdo con las autoridades. Para ayudar a sus ciudadanos a obtener los documentos requeridos a tiempo, el consulado anunció que incluso abrirá los fines de semana.
“No esperaba que este país fuera tan bueno, el clima, la gente, la cultura”, dijo Dar. Con permisos, él y otros podrán trabajar y pagar impuestos en España, contribuyendo a la economía española, dijo. También se les permitirá visitar a la familia en casa que no han visto en años, expresó Dar con una sonrisa.
AP
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