RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta

La publicación del Decreto 105/2026 en el Boletín Oficial, que prorroga por un año el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), introduce una señal clara al mercado: la decisión de sostener y profundizar el esquema de promoción destinado a proyectos estratégicos de gran escala.

La nueva fecha límite para adherir al régimen será el 8 de julio de 2027, extendiendo el plazo originalmente previsto en la ley sancionada en julio de 2024. El RIGI fue incorporado como uno de los capítulos centrales de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), sancionada en 2024, consolidándose como una de las principales herramientas de política económica para atraer inversiones de gran magnitud. Esta prórroga no constituye un mero ajuste administrativo, sino una definición de política económica orientada a consolidar un marco de previsibilidad para inversiones superiores a US$ 200 millones en sectores considerados clave.

El régimen se diseñó con un objetivo concreto: atraer capital de largo plazo mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, otorgando estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años. En sectores intensivos en capital, donde los proyectos requieren desembolsos iniciales significativos y horizontes extensos de recuperación, la certidumbre normativa resulta un factor determinante para la toma de decisiones.

En este sentido, el RIGI prevé, entre otros beneficios, una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los proyectos adheridos, amortización acelerada de inversiones y un régimen especial en materia cambiaria que habilita la libre disponibilidad de un porcentaje creciente de divisas generadas por exportaciones. Este último punto resulta especialmente relevante para proyectos vinculados al gas natural licuado (LNG), cuya estructura financiera depende en gran medida de la posibilidad de repatriar y administrar flujos en moneda extranjera.

Hasta el momento se aprobaron diez proyectos bajo el régimen, con una marcada concentración en petróleo, gas y minería. Entre los más relevantes se encuentra el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), que contempla la construcción de un oleoducto entre Neuquén y el nuevo puerto en desarrollo en Punta Colorada, Río Negro, así como la instalación de buques para la licuefacción de gas impulsada por el consorcio Southern Energy.

Un aspecto particularmente relevante del decreto es la ampliación del alcance del régimen, incorporando la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro (onshore). Hasta ahora, el RIGI contemplaba exclusivamente proyectos de explotación costa afuera, producción de gas destinada a exportación, transporte y almacenamiento, procesamiento y licuefacción, refinación, petroquímica y fertilizantes.

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La inclusión de proyectos onshore amplía sustancialmente el universo de iniciativas potencialmente elegibles, con impacto directo en el desarrollo de Vaca Muerta, cuya explotación se realiza mayoritariamente en tierra. Esta modificación elimina una restricción relevante y alinea el régimen con la realidad productiva del principal reservorio no convencional del país.

En un contexto global en el que los flujos de capital compiten por jurisdicciones que ofrecen estabilidad y reglas claras, la previsibilidad se convierte en un activo estratégico. El sector de petróleo y gas demanda inversiones millonarias, planificación de largo plazo y seguridad jurídica. La extensión del plazo de adhesión y la ampliación de actividades alcanzadas refuerzan la señal de continuidad institucional.

De cara a los próximos años, Vaca Muerta proyecta un aumento significativo en las exportaciones de petróleo y gas natural licuado (LNG), con el consecuente ingreso de divisas y su impacto en la balanza comercial. Según estimaciones oficiales, el desarrollo pleno de Vaca Muerta podría multiplicar las exportaciones energéticas y convertir al complejo hidrocarburífero en uno de los principales generadores de divisas hacia 2030.

Asimismo, tras años de déficit estructural, el sector energético comenzó a mostrar superávit comercial en 2023 y 2024, una tendencia que podría consolidarse si se ejecutan los proyectos de infraestructura hoy en evaluación y se mantiene un marco normativo estable.

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