Afirman que Maduro no puede pagar su defensa en EE UU tras el bloqueo del Tesoro

El gobierno de Estados Unidos habría impedido que Venezuela pague la defensa legal del ex presidente Nicolás Maduro en el proceso que enfrenta en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Según informó su abogado, Barry Pollack, el Departamento del Tesoro bloqueó la autorización que permitía al gobierno venezolano cubrir los honorarios legales tanto de Maduro como de la primera dama, Cilia Flores. El letrado comunicó la situación la semana pasada mediante un correo electrónico dirigido a un juez federal de Manhattan, que fue incorporado al expediente público del caso.

De acuerdo con Pollack, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había otorgado el 9 de enero un permiso para habilitar los pagos. Sin embargo, menos de tres horas después, esa autorización fue retirada “sin explicación”.

El abogado precisó que, en contraste, sí se mantuvo vigente el permiso para que se abonen los honorarios de Flores.

“El señor Maduro no puede costear de otro modo un abogado”, afirmó Pollack, quien anticipó que solicitará la intervención del juez para garantizar la financiación de la defensa. Además, sostuvo que el gobierno estadounidense está “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho de la Sexta Enmienda a un abogado de su elección”.

Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura el 3 de enero, durante un operativo llevado adelante por fuerzas armadas estadounidenses en su residencia en Venezuela. Ambos se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico que se les imputan.

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La acusación formal, de 25 páginas, sostiene que el ex mandatario habría trabajado con cárteles del narcotráfico y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. También señala que, como parte de la presunta conspiración, se habrían ordenado secuestros, golpizas y asesinatos vinculados a deudas derivadas de esa actividad ilícita.

En caso de ser hallados culpables, Maduro y Flores podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión diplomática. Estados Unidos rompió relaciones con el gobierno de Maduro en 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, cuando reconoció como mandatario legítimo al entonces líder opositor Juan Guaidó. Esa política fue mantenida posteriormente por la administración de Joe Biden.

Tras la detención de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina. Bajo presión de Washington, su gobierno adoptó medidas como la apertura de la industria petrolera a la inversión estadounidense, la liberación de presos políticos y el restablecimiento de canales directos de comunicación con la Casa Blanca.

Según analistas citados en el expediente judicial, permitir que el gobierno de Rodríguez financie la defensa podría tener implicancias en la estrategia procesal, especialmente frente al argumento de la defensa de que la captura fue ilegal y que, como ex jefe de Estado, Maduro tendría inmunidad frente a un proceso penal en tribunales estadounidenses.

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el caso.